Dr Fernando Dominguez
Los Estados Unidos de América fueron fundados con una pléyade de excepcionales hombres de profundo pensamiento libertario, cuya preocupación fundamental era que la nueva República se sostuviese con unos pilares legales, sociales y económicos que la hiciesen blindada a los abusos de poder, a las tiranías de una supuesta mayoría que impusiese sus opiniones y creencias, ignorando, pisoteando y despreciando a las minorías, con una distribución de poderes gubernamentales que garantizase las libertades públicas y la justicia imparcial.
Todos esos principios se basan en la honorabilidad, en la transparencia de los poderes públicos y en el sometimiento a la Ley. Pero ¿qué ocurre cuando la honorabilidad es falsa? ¿Cuándo los gobernantes elegidos responden a grupos de poder que son ajenos al electorado? ¿Cuándo los intereses de esos grupos son más defendidos que los del pueblo? Se genera lo que se ha dado en llamar el "deep state" que el Presidente Trump llama por su verdadero nombre: el pantano.
Ese pantano que se ha conformado espontáneamente cuando desde hace mucho el interés personal pesa más en los servidores públicos que la honorabilidad. Y se convierte en una efectiva tiranía que intenta expulsar del poder a aquellos que se conservan fieles al legado original de los fundadores: honorabilidad, respeto al interés público y acatamiento de la voluntad popular. Esa tiranía oculta tiene representantes en todas las tres ramas del gobierno, en localidades, regiones y estados y se hace evidente su complicidad anónima cuando sus "miembros" desconocen los principios de los fundadores y se hacen ciegos y sordos para cumplir la ley, para aplicarla y para hacerla cumplir. Desde "líderes" electos, hasta fiscales, jueces y figuras públicas.
Como expresión suprema de esa complicidad se manifiesta descaradamente el apoyo hipócrita y lleno de maldad de un cuarto poder público: la prensa. Para esa prensa que se escandaliza porque se aplique la Ley y el Orden que ha existido por más de 200 años, pero estimula el desorden que califica de "derecho a protestar" aunque ese derecho pisotee el derecho de los demás ciudadanos a su vida, su propiedad y su tranquilidad.
Esa hipócrita participación se extiende por todo el espectro público y va convirtiendo la nación a un clima social irrespirable, dónde el "derecho a protestar" de unos cuantos pisotea el derecho a cenar en un restaurant de todo el resto del mundo, o a circular por las calles sin temor a que dañen tu vehículo o agredan a tu familia. Y alcaldes, concejales, fiscales, policías, miran para otro lado, pisoteando la Ley que juraron hacer cumplir.
Los "famosos" -siempre hacen lo mismo- prometen que se mudarán del país a menos que se mantenga el reino del pantano… y eso significa que nos obligarán, poco a poco, a mudarnos a aquellos que no tenemos guardaespaldas privados. Irnos a dónde se respete la Ley y el Orden y se proteja a las personas decentes.
Hay una solución que podríamos aplicar por nuestros derechos ciudadanos: como las autoridades no actúan, ¿para qué pagar sus salarios? La ciudadanía que paga sus impuestos para que ellos cumplan sus funciones puede asistir a las reuniones públicas de todos los lugares dónde no se respeta la Ley y exigir que tampoco se les pague porque no cumplen su trabajo.
Director de Edición