Por Oriana Rivas
PANAMPOST
"Ocasionaron fraude electoral que cambió los resultados verdaderos de las votaciones", aseguró el abogado de UNE, Carlos Aquino, tras denunciar a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
A pesar de que Bernardo Arévalo de León, de la agrupación “progresista” Semilla, ganó la Presidencia de Guatemala en la segunda vuelta que se celebró el pasado 20 de agosto, el tema de los resultados electorales y la situación de su movimiento político aún dejan mucha tela para cortar.
La polémica radica no solo en la insistencia de la Fiscalía para que el Congreso suspenda al partido del presidente electo de Guatemala, sino también, en la denuncia de fraude hecha por el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Desde allí citan que “luego de análisis” detectaron “muchas incongruencias, contradicciones y sobre todo variación de datos que evidencian irregularidades que incidieron en los resultados verdaderos de las votaciones”.
Desde UNE sostienen la versión de fraude en Guatemala aún con los 900.000 votos que le dieron la ventaja a Arévalo sobre Sandra Torres Casanova. En este sentido, el abogado del partido UNE, Carlos Aquino, denunció a los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por delitos relacionados con incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. “Ocasionaron fraude electoral que cambió los resultados verdaderos de las votaciones”, indicó.
Protestan afuera de la Fiscalía
De manera que el partido de la excandidata de izquierda ejecuta varias acciones: presiona para suspender al Movimiento Semilla, denuncia fraude en las elecciones de Guatemala y señala a magistrados del TSE. Adicionalmente, Bernardo Arévalo de León alertó sobre un atentado que podría ser llevado a cabo antes de su investidura el 14 de enero del próximo año.
En medio de todo el torbellino político, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) había indicado que sobre el político, denominado a sí mismo “progresista”, pesan dos planes de asesinato que incluyen también a la vicepresidente electa, Karin Herrera. Por ende, otorgó medidas cautelares para ambos debido a que desde las instituciones estatales “no tomaron las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo”.
En un mismo día se anunciaron dichas medidas cautelares, y también ocurrió una protesta en las afueras de la Fiscalía para exigir la renuncia de la jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche. “¡Consuelo renuncia!” y “van en contra de la voluntad popular” eran algunas frases que se leían en las distintas pancartas.
Pronunciamiento de la ONU y Corte-IDH
El pronunciamiento de la Corte-IDH provocó a su vez la respuesta del actual gobierno de Alejandro Giammattei. El llamado al organismo internacional fue el de mantener “la prudencia”. Asimismo, el comunicado mencionó la necesidad de que este “se pronuncie de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar”.
Como resultado, la tensión reina en la política del país centroamericano con un presidente electo que denuncia un futuro asesinato, las intenciones de sus adversarios para anular su agrupación política —obviando que la Corte Suprema de Justicia anuló en julio una suspensión provisional— y el supuesto fraude electoral.
Ahora, con la acción de la Corte-IDH y la “preocupación” que manifestó la ONU por los “intentos de socavar” los resultados, las cosas se complican aún más en Guatemala.
Director de Edición