Por: César Vidal
En la primera entrega de esta serie, mostré la delicada situación por la que atraviesa el gobierno de Pedro Sánchez atrapado entre inquietantes casos de corrupción y serios intentos de violar el orden constitucional. Los indicios de que Sánchez intenta sortear esa situación avanzando hacia un modelo político de corte chavista son numerosos y uno de ellos es la persecución de la prensa, tema al que dedicaré esta entrega.
Tras abandonar su puesto durante cinco días, supuestamente para meditar si continuaba o no en el ejercicio del poder, Pedro Sánchez regresó y, tal y como algunos previmos, anunció que permanecería en el poder. El anuncio vino acompañado, sin embargo, de serias amenazas contra la prensa y la judicatura. De hecho, Pedro Sánchez calificó a los medios de comunicación que habían revelado sus escándalos de “máquina del fango” y llamó a la oposición a sumarse a él para acabar con ellos.
Semejantes afirmaciones podrían haber sonado a un mero ejercicio de demagogia, pero en las horas siguientes, quedó de manifiesto lo que cabía esperar de la amenaza formulada por Pedro Sánchez. En apenas unas horas, tres periodistas se vieron procesados y un medio de comunicación fue cerrado.
Antes de continuar con el relato de los últimos días, hay que señalar, para ser ecuánimes, que la libertad de prensa no ha sido nunca ejemplar en la Historia de España. Hasta el siglo XIX, no existió y los casos de medios que acabaron cerrados con sus propietarios procesados por la Inquisición o por la justicia del rey son innumerables. A finales del siglo XIX, con la Restauración borbónica, la situación no mejoró especialmente ya que la prensa no podía expresar opiniones contrarias a la iglesia católica o a la monarquía de lo que se deduce que no tenía mucho terreno para expresarse. Durante la dictadura de Primo de Rivera, en los años veinte del siglo XX, la prensa no sólo estaba limitada sino que incluso que además debía dar cabida a las notas de obligada inserción procedentes de la pluma del dictador y que dieron lugar, ocasionalmente, a algún episodio jocoso al que hoy no me referiré. La proclamación de la Segunda república en abril de 1931 provocó la esperanza de los españoles en disponer de una prensa libre, pero la Ley de defensa de la república de ese mismo año concedió enormes poderes de censura al gobierno. Naturalmente, la izquierda en el poder censuró a la derecha y la derecha hizo lo mismo con la izquierda cuando gobernó. De hecho, en todo el período desde la promulgación de la ley hasta el estallido de la guerra en julio de 1936, hubo muchos más días en que los medios estuvieron sometidos a censura que aquellos en que pudieron expresarse con libertad. Puede imaginarse que durante la guerra civil de 1936 a 1939 no existió la menor libertad de prensa y lo mismo sucedió cuando se asentó la dictadura del general Franco. De hecho, el régimen franquista exigía que todas las publicaciones se sometieran a una censura previa que cercenaba totalmente la libertad de prensa. En marzo de 1966, todavía durante el franquismo, la denominada ley Fraga de prensa eliminó la censura previa, pero tal paso no significó el inicio de la libertad. De hecho, los editores publicaban a riesgo personal de que se les multara, se les juzgara ante el Tribunal de Orden público, se les encarcelara o incluso se cerrara el medio como sucedió, por ejemplo, con el diario Madrid que fue incluso dinamitado literalmente.
Toda esta lamentable Historia de ausencia de libertad de prensa desapareció en 1977 con la aprobación de la Ley de Reforma política que significó el paso legal oficial hacia la Transición a un sistema democrático. Un año después la constitución recogía la libertad de prensa en su articulado. Durante los gobiernos de la UCD y los primeros del PSOE de Felipe González y del PP de José María Aznar, la libertad de prensa se mantuvo aunque no estuviera exenta de las jugadas empresariales que limitaban la acción de los periodistas a sus órdenes como es común en todas las democracias. La situación, sin embargo, experimentó un cambio dramático con un Rodríguez Zapatero que, como al final de su carrera política Felipe González, se permitió atacar en público a los periodistas. Se habría pensado que el acoso concluiría tras salir el partido socialista del poder y llegar a él Mariano Rajoy, pero sucedió todo lo contrario. La crisis económica de 2008 – que en España comenzó en 2007 – colocó a la totalidad de los medios de comunicación en una situación precaria que los hizo depender más que nunca de la denominada publicidad institucional, es decir, la que depende de los poderes públicos. Por añadidura, el gobierno de Rajoy comenzó a perseguir, de manera apenas encubierta, a los periodistas no sumisos.
Las recientes actuaciones judiciales de un juzgado catalán en un caso de corrupción han sacado a la luz no sólo que el despacho de Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, era un foco de tráfico de influencias que incluyeron hasta cambios legislativos sino que además Montoro utilizó la Agencia tributaria para perseguir a periodistas, políticos de la oposición e incluso compañeros de partido con los que no tenía las mejores relaciones. En el caso de algunos de estos periodistas, la Agencia tributaria incluso llegó a investigar a las abuelas – literalmente – de las víctimas con la intención de incluirlas en el campo de las represalias. El propio Montoro amenazaría en el curso de una entrevista televisiva a los periodistas y, en el curso de un acto oficial, indicaría a uno de ellos, Federico Quevedo, que si no quería tener problemas con Hacienda ya sabía lo que tenía que hacer y no era precisamente estar al día de sus obligaciones fiscales.
Quien ahora escribe estas líneas advirtió ya en su día que el gobierno de Mariano Rajoy – y, de manera muy especial, el ministro Montoro – estaba adentrándose de tal manera en la persecución de las libertades que cuando llegara al poder de nuevo el partido socialista apenas tendría que recorrer camino para llegar a territorio chavista. Lamentablemente, no se puede decir que incurriera en error de apreciación.
En marzo de 2024, se producía en España el cierre de Telegram, una acción que terminó con la marcha atrás del juez atemorizado ante el desencadenamiento de acciones por parte de esta compañía. No han tenido la misma suerte los periodistas que en sólo una semana fueron objeto de la acción persecutoria del gobierno de Sánchez.
De manera desconocida en España desde 1977, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid –que abrió diligencias de investigación contra tres medios de comunicación, dos periodistas y un abogado tras una denuncia del ministro socialista Óscar Puente– ordenó el cierre inmediato del medio de comunicación Impacto España Noticias y ordenó la detención del dueño de dicho portal, el periodista Salvador Giménez. Las medidas fueron calificadas por distintos profesionales del derecho como «inauditas» ya que el medio se había limitado a publicar opiniones sobre el citado ministro que a lo sumo hubieran podido calificarse como un delito leve de injurias. Cerrar el medio y ordenar el encarcelamiento de su director parece obviamente una medida más que exagerada.
Otra víctima de la oleada represiva lanzada contra la prensa ha sido, apenas unas horas después del discurso de Sánchez, Bieito Rubido. Antiguo director del diario ABC, Rubido dirige actualmente un periódico digital, El Debate, de corte conservador. Rubido se ha caracterizado siempre por situarse en la prensa de derechas, pero nada extremo, nada exagerado, nada incendiario se puede relacionar con Rubido. El “pecado” de Bieito Rubido fue grabar un video donde de la manera más moderada imaginable afirmó, después del discurso de permanencia de Sánchez, que la línea política seguida por el presidente del gobierno español acabará mal. De momento, el que está en una mala situación es Rubido enfrentado con una querella interpuesta por el partido socialista.
Con apenas unas horas de diferencia, el partido socialista emprendió también la persecución judicial de Javier Negre. Presidente del grupo EDA, una plataforma que cuenta con una radio y una televisión, Negre tiene formas quizá más ásperas que Rubido, pero no es un extremista y, a decir verdad, orbita en torno al Partido Popular. Es decir, suscribe un mensaje de una derecha tan moderada que, en no pocas ocasiones, coincide con los planteamientos de la izquierda, por ejemplo, en torno a la Agenda 2030. Es cierto que Negre ha enfatizado noticias que apuntan a la incompetencia o la corrupción del partido socialista, pero debería pensarse que eso es lo que se espera de un periodista independiente. La acción legal del partido socialista puede acabar en su encarcelamiento y el cierre de sus medios.
De manera curiosamente coincidente, estos mismos días se ha dictado una sentencia condenatoria contra la periodista Cristina Seguí. Los suscriptores de www.cesarvidal.tv conocen sobradamente La Mafia feminista, el programa donde Cristina Seguí fustiga la ideología de género y a los lobbies que viven de ella. Sin embargo, la condena actual se debe al hecho de que hizo referencia a la obesidad del ministro socialista José Luis Ávalos – el que se reunió con la indescriptible Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid – y a su gusto por el sexo mercenario. Se trata tan sólo de una de las causas en los que Seguí se ha visto perseguida desde hace tiempo, pero, en este caso, de manera prodigiosa, la condena ha tenido lugar en la misma semana que las acciones legales contra los citados periodistas. Con todo, no es suficiente con el hostigamiento de periodistas.
El gobierno que preside Sánchez ha anunciado la creación de un nuevo ministerio que recibirá el nombre de ministerio de Sostenibilidad Democrática. La finalidad de este nuevo ministerio que encabezaría Óscar Puente sería vigilar a los medios para decidir cuál puede seguir manifestándose y cuál debe ser cerrado porque lo que cuenta es contrario, supuestamente, a que la democracia pueda sostenerse. No hay que ser especialmente avispado para comprender lo que eso puede significar para la escasa libertad de prensa que todavía existe en España.
Todavía hay otras dos medidas de amordazamiento de la prensa que Sánchez ha articulado ya o está a punto de articular. La primera consiste en poder perseguir los medios en internet incluso si no operan en España. Los denominados influencers que tienen la osadía de informar sobre la realidad española desde Andorra, Suiza o los mismos Estados Unidos podrán ser perseguidos por el gobierno de Sánchez recurriendo a mecanismos no sólo censores sino tributarios. La segunda medida la ha anunciado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y consiste en obligar a los medios privados a reservar un espacio a la "información pública" que reproduciría exactamente lo que deseara el gobierno exactamente igual que sucedía en la época de la dictadura de Primo de Rivera.
Resulta fácil ver lo poco que va a quedar de libertad de prensa y expresión en España gracias a unos medios cada vez más domesticados por la angustiosa necesidad de fondos públicos procedentes de la publicidad institucional, reducidos a la sumisión a grandes holdings, con la maquinaria de la administración de justicia y de la Agencia tributaria utilizada contra los periodistas díscolos, con la creación de un ministerio que supervisará la prensa y con la inclusión obligada en los medios privados de comunicaciones de la verdad oficial.
Naturalmente, un asalto así contra las libertades cuenta en otros sistemas con el valladar de la administración de justicia que lo impida. Sin embargo, igual que supo verlo el chavismo, esa administración de justicia debe ser controlada con mano férrea para impedirlo. Es lo que ahora mismo está haciendo Pedro Sánchez como espero poder mostrar en la próxima entrega.
Director de Edición