OTROS ESCRITORES

Por Álvaro Uribe Vélez

“Petro promueve el Estado Burocrático, derrochón, monopólico, que anula al Estado Social.

Petro para resolver el problema de las basuras de Bogotá promovió un monopolio estatal que terminó en carros chatarra. Y para atender el problema de la salud amplió a 50 mil individuos en contratación de personal, fue un desastre y dejó la salud quebrada.

Petro para resolver el problema del desempleo propone crear 200 mil puestos burocráticos. Cuánto mejor otorgar crédito y capital semilla a 200 mil jóvenes emprendedores.

Para la salud propone estatización total y en su equipo están ladrones de la salud estatal y cooperativa. Cuánto mejor continuar el saneamiento que hace el actual Gobierno y avanzar en prevención como se ha demostrado con la vacunación.

Petro para pensiones propone eliminar los fondos de los trabajadores. Disimula hablando de un primer pilar que hoy existe con la garantía de pensión mínima. Cuánto mejor mantener el alto crecimiento económico, disminuir la informalidad y tener cobertura universal del Adulto Mayor con garantía de no pobreza.

Lo digo porque en la Gobernación de Antioquia redujimos la nómina burocrática en un 29%, disminuimos vehículos, cerramos entidades, pero creamos 103 mil cupos escolares y pavimentamos mil kilómetros de carreteras, etc.

En el Gobierno Nacional ahorramos 1,5% del PIB con la eliminación de entidades innecesarias, dando ejemplo con supresión de ministerios y embajadas. Pero pasamos de 10,3 millones de colombianos pobres en salud subsidiada a más de 21 millones y llegamos a 2,8 millones de Familias en Acción, etc.

Hay Congreso para reducir, entidades para eliminar, pobreza para superar. El Estado Burocrático es corrupción. Enfrentarlo requiere convicción y determinación política a pesar de que los consultores prefieren ampliar que reducir.”

Dr. Diego Arria

Intdemocratic.org

«Hay un viejo decrépito del capitalismo salvaje que quiere tomar el poder y una vieja decrépita, promotores de la ideología del odio del fascismo, que tienen un plan para exterminarnos. Son una oligarquía criminal. ¿Vamos a dejar que estos decrépitos que quieren un baño de sangre provoquen una guerra civil?«.

Estos son mensajes públicos de Nicolás Maduro a la hora de referirse al candidato unitario de la oposición, Edmundo Gonzales, y a María Corina Machado, convertida en la líder de una verdadera insurgencia popular pacífica, pero inhabilitada ilegalmente por el régimen para presentarse como candidata, primer capítulo del mega fraude electoral que viene preparando el oficialismo para conservar el poder por las malas. Por esa razón, Maduro también ha jurado ante el comando de la Fuerza Armada que no entregará el poder. Una amenaza que complementa a menudo su ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino, con la afirmación de que la oposición «jamás será poder político mientras exista una Fuerza Armada como la nuestra. Antiimperialista, chavista y revolucionaria».

Y eso han hecho desde hace 25 años. Subyugar al pueblo venezolano y transformar el régimen chavista en una corporación criminal, socia de los principales carteles de la droga y de los narcos guerrilleros colombianos que hacen vida en buena parte de nuestro territorio. Una actividad que, por supuesto, no ha pasado desapercibida para la comunidad internacional, como lo demuestra, por ejemplo, Estados Unidos, cuyas autoridades judiciales ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares a quien facilite la captura de Nicolás Maduro y de 10 millones de dólares por la del segundo hombre del régimen, Diosdado Cabello. Ambos, por cierto, con investigación abierta por la Corte Penal Internacional, acusados de integrar la cadena de mando responsable de innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, incluyendo la tortura y hasta la violación de prisioneros políticos contra muchos de los 320 presos políticos, la mitad de ellos militares, encerrados en las siniestras cárceles del régimen.

Por otra parte, Hugo Chávez primero y Maduro después han logrado empobrecer a un país que ha pasado, de producir 3,5 millones de barriales diarios de petróleo a 700 mil, de los cuales 100 mil se entregan al Gobierno cubano por los servicios prestados a Venezuela, que van, desde labores de inteligencia y control de los militares y de la población civil, hasta la enseñanza de técnicas de acoso, persecución y tortura, en las que los «revolucionarios» cubanos son expertos. ¡Increíble que una isla con un tercio de la población de Venezuela actúe en Venezuela y sea reconocida por su gobierno como potencia ocupante de nuestra soberanía!

En medio de esta tragedia venezolana, que incluye el éxodo de 8 millones de nuestra población, forzada por la desesperación provocada por la peor crisis económica y social de la historia republicana del país. Cuyos efectos devastadores han generado la desaparición de todas las instituciones del Estado y han terminado por exterminar hasta los ingredientes más elementales de la democracia representativa. Una realidad que nos obliga a preguntarnos qué clase de elecciones serán las que van a realizarse el próximo 28 de julio.

Lo cierto es que Venezuela no participará este 28 de julio en un simple ejercicio electoral, sino en una auténtica batalla por la libertad, y sólo se alcanzará desalojando por completo a la narco tiranía chavista del poder. De ahí que el pueblo venezolano venga demostrando masivamente su compromiso y apoyo a la candidatura de Edmundo Gonzales, a la cual María Corina Machado le ha endosado el monumental y creciente apoyo que ha logrado gracias a la proeza de convertir la desesperación de la inmensa mayoría del país en la esperanza de poder rescatar a punta de votos la libertad, la dignidad y el reencuentro de la fraccionada familia Venezolana, actualmente desperdigada por el mundo. Una esperanza cuya magnitud la ponen en evidencia todos los sondeos de opinión, que vaticinan una victoria de Edmundo González que, en el peor de los casos, superará a Maduro por 20 puntos. Un resultado que no ha sucedido jamás en la historia electoral de Venezuela.

El problema radica en la capacidad del régimen, demostrada durante sus 25 años de existencia, para alterar el resultado electoral, despierta el temor de que, en efecto, el régimen caiga en la tentación de cometer lo que sería un megafraude electoral. No obstante, en su menú de opciones, el régimen contempla la de verse obligado a reconocer su derrota. En previsión de ello, y como la trasmisión del mando presidencial tendrá lugar en enero del año que viene, Maduro ya ha convocado para el 25 de agosto un referéndum para aplicar una Ley del Poder Comunal, con la finalidad de ponerle fin al carácter democrático definido en la Constitución vigente y sustituir por un nuevo sistema político, el de las cuatro mil comunas que ya están organizadas, que a partir de ese momento asumirían todos los poderes del Estado y dejarían sin efecto el resultado y el significado de la elección presidencial del 28 de julio.

Por: Luis Gonzales Posada

Intdemocratic.org

Faltando quince días para las elecciones presidenciales en Venezuela, todos los indicadores proyectan que el candidato de la plataforma democrática, Eduardo González Urrutia, ganará ampliamente los comicios.

El 5 de julio, la empresa internacional Meganalisis publicó una encuesta consignando que el representante de la oposición tiene la preferencia del 72% de votantes y Maduro 14%; una diferencia de 6 a 1. En ese contexto, Naciones Unidas (ACNUR), informó que, de 4 millones 500 mil venezolanos residentes en el exterior, únicamente votarán 69,189; es decir, 1.5%.

En Colombia, con millón y medio de llaneros exiliados, sufragará 7,012; en Chile, 2,659; y, en nuestro país, de 900 mil ciudadanos que podrían hacerlo, están habilitados 660; menos del 1%. Este dato es muy importante porque la oposición cuenta con la preferencia del 98.4% del electorado en el extranjero y, por ello, el oficialismo ha bloqueado su participación

Todo lo anterior indica que se encuentra en desarrollo una ominosa estafa, ante la resiliencia de las democracias de la región, que no se atreven a denunciar las graves irregularidades detectadas. Además, el evento se encuentra a cargo del Consejo Nacional Electoral, desprestigiada institución que forma parte de la maquinaria mafiosa del chavismo; y, por esa razón, 83.3% de la población no confía en dicha entidad.

Más aún, consultados sobre qué harán si gana Maduro, 35% de venezolanos respondieron que se irían del país, un porcentaje alarmante porque de ocurrir este desastre se incrementará el éxodo de 8 millones a unos dos o tres millones adicionales, acentuándose la crisis humanitaria en la tierra del Libertador y afectando la estabilidad de las naciones receptoras de migrantes.

Vetados los observadores de la Comunidad Europea y de la OEA, Maduro ha reforzado su autoritarismo expresando que “ganaremos por las buenas o por las malas”. Luego, Diosdado Cabello, jefe de la represión, calificó a González Urrutia de “viejo decrépito, personaje inmundo, designado por el imperio”, para agregar que “ni por las buenas ni por las malas van a gobernar”.

Sobre las veedurías, Cabello, matón acusado por la fiscalía de Nueva York de integrar la banda de narcotraficantes “cartel de los soles” y por cuya captura la FBI y la DEA ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares, manifestó que “no se metan los gringos, que la Unión Europea saque sus narices donde no las tiene que meter. Nosotros los vamos a mandar bien largo al carajo”; una vulgar frase, propia del lenguaje de los hampones del Tren de Aragua.

Pero la escalada represiva sigue avanzando. El gobierno ha prohibido que los hoteles alojen a María Corina Machado (MCM), que las empresas de aviación le vendan pasajes y cuando se moviliza por carretera brigadas de matones bloquean las vías y agreden a sus partidarios.

Ahora Maduro aprieta el torniquete de la opresión al sostener que si no ganan “habrá un baño de sangre” y como preámbulo a esa criminal amenaza, MCM mostró a la televisión que automóviles de su comitiva habían sido vandalizados y los cables de los frenos cortados; de ahí a atentar contra su vida, solo hay un paso.

Ante esta grave situación, es fundamental que los regímenes democráticos del hemisferio levanten su voz de protesta en defensa de la democracia, las libertades y los derechos humanos, arrasados por una satrapía desde 1999. Haría bien el gobierno peruano en expresar su repudio sobre los actos de barbarie que comete Maduro, en convocar a consulta a nuestro embajador en Caracas y demandar una reunión de urgencia de la OEA, en aplicación de la Carta Interamericana Democrática.

En suma, el tiempo se agota para evitar una tragedia política de grandes proporciones, que incluye que se puedan producir más encarcelamientos y muertes, cuando no una guerra civil.