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 “Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos”. General Simón Bolívar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Lcdo. Sergio Ramos

San Juan, Puerto Rico a 2 de junio de 2024

 

Desde hace un tiempo a la fecha la actual administración del gobierno de los Estados Unidos ha estado tomando una serie de medidas y desarrollando políticas que favorecen y benefician al régimen dictatorial castrista en Cuba.

Esto ocurre tras una solapada reunión de elementos dialogueros procastristas con funcionarios gubernamentales en Washington y las negociaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, alegadamente sobre “asuntos migratorios” pero donde también se tocan otros aspectos de las relaciones entre ambos gobiernos. Todo ello a espaldas del exilio y el pueblo cubano.

La primera medida fue retirar a Cuba de la lista de países que no cooperan con la persecución del terrorismo. Sin embargo, contradictoriamente con lo anterior, Cuba continua dentro de la lista de países que fomentan el terrorismo. Un acto irresponsable de parte de la presente administración, toda vez que el Departamento de Estado y la CIA tienen sobradas evidencias sobre la involucración del régimen castrista en la preparación, apoyo logístico, financiero y propagandístico a las organizaciones guerrilleras y terroristas de izquierda a los largo y ancho del continente americano y en otras partes del mundo. Además, Cuba brinda refugio a los terroristas de izquierda provenientes de distintas partes del mundo. En resumen, el régimen de Cuba, fomenta y apoya el terrorismo de izquierda, luego es inconsebible y falaz que un país que coopera con su persecución del terrorismo, es también un país fomentador del terrorismo.

Otra medida favorable al régimen, recientemente tomada por Washington, es permitir que las llamadas Mipymes o pequeñas empresas en Cuba puedan abrir cuentas bancarias en bancos de los Estados Unidos, bajo el pretexto de apoyar el desarrollo de la empresa privada en Cuba. En primer término, en Cuba, hay un control gubernamental sobre las llamadas Mipymes. Muchos de estos negocios están en manos de altos jerarcas del régimen y/o de sus testaferros. Por lo que con esta medida se les abre la puerta a los represores del pueblo para el lavado de dinero adquirido de otros oscuros negocios, que la casta gobernante de Cuba posee. Además, tiene el efecto de ayudar al régimen en la crisis económica por la que está atravesando, y permitiéndole continuar en el poder esclavizando al pueblo cubano. Además, tal medida está en flagrante violación de la Ley Helm-Burton, más conocida como la ley del embargo.

Por otra parte, en este último cuatrienio las exportaciones de productos de Estados Unidos a Cuba han aumentado grandemente, incluyendo otros productos más allá de los alimenticios y de medicinas. Cuba ha importado vehículos de motor, y otros artículos por varios cientos de millones de dólares, contraviniendo la Ley del Embargo.

Otro elemento que se está observando es la relajación y descuido, posiblemente intencional, en los escrutinios de seguridad a los peticionarios de visa y recién llegados con el fin de evitar la infiltración de agentes castristas en Estados Unidos y por ende, en las comunidades de exiliados cubanos y otros lugares. El régimen siempre ha infiltrado agentes y espías tanto en el gobierno americano como entre el exilio, pero últimamente se han detectado entre las comunidades del exilio cubano elementos que fueron represores del pueblo.

Por otro lado, las deportaciones a ciudadanos cubanos, nicaragüenses y venezolanos a sus respectivos países, lo que representa una cooperación con las fuerzas represivas al devolver a la esclavitud a seres humanos que huyen de la opresión en busca de la libertad que le es negada en sus respectivos países.

De hecho, hay muchos cubanos que tienen bloqueada su acceso a una residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano debido a que los mantienen en un precario estatus migratorio bajo la i-220-A --- una especie de libertad bajo palabra ---- que no les da derecho ni tan siquiera a un permiso de trabajo para trabajar legalmente y están expuestos a que un buen día los procesen para deportarlos a Cuba.

Esas entre otras, son algunas de las pérfidas medidas políticas cooperantes con la dictadura castrista que ha tomado la actual administración del gobierno de Estados Unidos, pues ayudan a la tiranía castrista a sobrevivir en medio de sus penurias e impiden y violan el derecho humano de un pueblo a la libertad y la democracia, contribuyendo a perpetuar la esclavitud y la opresión del pueblo cubano.

 

 

 

 

Por: Lcdo. Sergio Ramos

San Juan, Puerto Rico a 5 de mayo de 2024

 

Por cuanto el Código Penal de Cuba es en realidad un ilegitimo Código Represivo del Régimen contra el oprimido pueblo.

En los últimos tiempos se observa a los tribunales de la dictadura castrista imponer de largas penas de cárcel a los opositores por haber participado en protestas pacíficas contra el gobierno en reclamos de mejores condiciones de vida, de respeto a los derechos humanos y exigiendo cambios hacia la democratización del país. Así vemos como recientemente condenaron con sentencias de hasta 15 años de cárcel a ciudadanos que protestaron pacíficamente en la cuidad de Nuevitas.

A raíz de las masivas manifestaciones de protestas del 11 de julio de 2021, el pueblo cubano se ha embravecido y han sucedido muchas más protestas a lo largo y ancho de la isla, algunas multitudinarias como las del 17 de marzo pasado.

Como era de esperarse la cúpula gobernante entró en pánico y en consecuencia promulgaron un nuevo código penal en septiembre del 2022. Dicho código contiene una serie de disposiciones que tipifican como delito el ejercicio de Derechos Humanos por los ciudadanos.

Así por ejemplo el Derecho Humano a la libertad de expresión es considerado como delito cuando el ciudadano expresa sus críticas a al gobierno y sus altos funcionarios, pues esas expresiones son tipificadas como un delito de “Desacato” según el artículo 185 inciso 1 imponiendo sentencias de seis meses a un año a quien critique a los gobernantes: 

 “1. Quien verbal o extra verbalmente, mediante escrito o gestos, en su

presencia o de otra u otras personas, o a través de cualquier medio de comunicación, amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.”

Pero si se tratase de un alto funcionario del régimen, entonces, el inciso 2 lo penaliza más severamente:

“2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al Presidente o Vicepresidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los demás miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República o al Presidente del Consejo Electoral Nacional, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años.”

Ahora bien, en el supuesto de que la protesta sea para reclamar un cambio de gobierno y exigir una nueva constitución enmarcada en los principios de la democracia, entonces a tenor con el Articulo 124 del Código Penal se incurriría en un delito denominado “Propaganda contra el orden constitucional”, estableciendo penas de cárcel de dos a cinco años de cárcel. El mismo lee como sigue:

“Propaganda contra el orden constitucional

Artículo 124.

  1. Incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años quien:
  2. a) Incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma; y
  3. b) confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior.
  4. Si, para la ejecución de los hechos previstos en el apartado anterior, se utilizan medios de comunicación social en sus espacios físico y digital, la sanción es de privación de libertad de cuatro a diez años.
  5. Quien permita la utilización de los medios de comunicación social en sus espacios físico y digital a que se refiere el apartado anterior incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años.
  6. Quien, teniendo responsabilidad de cuidado, custodia o uso de cualquier medio de comunicación social, permita que otro lo utilice para ejecutar los actos previstos en el apartado 1, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años, siempre que sus acciones no constituyan un delito de mayor entidad”.

El nuevo Código Penal del Cuba, también tipifica como “delito” el Derecho Humano a la libertad de reunión y asociación, condenando a penas de entre seis meses a un año de cárcel a quienes sean miembros y participen en actos, y reuniones de organizaciones “no autorizadas” por la dictadura, según lo establecen los Artículos 274 y 275 que leen como sigue:

“ASOCIACIONES, REUNIONES Y MANIFESTACIONES ILÍCITAS”

“Artículo 274.

  1. Los promotores, organizadores o directores de una asociación no

autorizada para constituirse, incurren en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas, o ambas.

  1. Quien pertenezca, como asociado o afiliado, a una asociación no autorizada para constituirse, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.
  2. A los responsables de los hechos previstos en los apartados anteriores, el tribunal puede imponerles la sanción accesoria de confiscación de bienes.”

“Artículo 275.

  1. Quien, a sabiendas de su ilicitud, participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.”

Indudablemente, estas disposiciones penales de los Artículos 274 y 275 fueron dictadas con el específico propósito de perseguir a las organizaciones opositoras y sus miembros, en clara violación a los Derechos Humanos.

Po otro lado, con el objetivo de frenar las trasmisiones, bien por medio de comunicación, como por la internet o por celulares, el régimen tipificó como delito el Derecho Humano la libertad de prensa y de expresión al penalizar cualquier transmisión o difusión con penas de cárcel de tres a ocho años de cárcel.  El artículo 295 establece que:

 “DIFUSIÓN ILEGAL DE SEÑALES SATELITALES, TELEVISIVAS

Y RADIALES, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

U OTROS SIMILARES”

“Artículo 295.1. Incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años, quien, sin estar legalmente autorizado, dirija, organice, distribuya, obtenga lucro o financie la difusión de señales satelitales, televisivas o radiales u otros servicios públicos de telecomunicaciones.

  1. En igual sanción incurre quien comercialice o distribuya los medios, equipos o tecnologías, o facilite las actividades relacionadas en el apartado anterior.”

Los artículos antes citados violan a todos los ciudadanos cubanos domiciliados en el país, de modo flagrante e institucional, los Derechos a la Libertad de Expresión y a la Libertad de Asociación y Reunión consagrada en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus Artículos 19 y 20, pues estos claramente establecen que, en cuanto a la libertad de expresión el Articulo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de    opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  En cuanto a la libertad de reunión y asociación, el Artículo 20 establece que:   “1- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. “ 2- Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”

Existen varios artículos más del Código Penal de Cuba que violan del Derechos Humanos de los ciudadanos, por lo que discutirlos nos haría muy extenso este escrito. Pero lo cierto es que estas disposiciones penales están expresamente establecidas con la finalidad de oprimir y reprimir al pueblo de Cuba, con el fin de garantizar la perpetuidad del régimen dictatorial y a sus altos dirigentes.

En el derecho de los países con libertad, el Código Penal tiene una finalidad muy distinta. Contrario al modelo represivo del código penal del castrismo, en una sociedad democrática el código penal tiene la finalidad de prevenir y perseguir al crimen, salvaguardando y protegiendo a los ciudadanos todos en su integridad, sus bienes y sus derechos.

Por cuanto el Código Penal de Cuba es en realidad un ilegitimo Código Represivo del Régimen contra el oprimido pueblo.

 

 

Por: Lcdo. Sergio Ramos

San Juan, Puerto Rico a 30 de marzo de 2024

 

En los últimos tiempos hemos vistos producirse una serie de acontecimientos en Cuba que denotan un claro resquebrajamiento del régimen dictatorial castro-comunista, al tiempo que se incrementa el malestar de pueblo, el cual, está despojándose del miedo e incrementando la rebeldía popular en contra el régimen.

Desde las masivas protestas del 11 de julio de 2021 hasta las más recientes ocurridas el pasado 17 de marzo de 2024, la dictadura ha estado en descenso.

El país está en quiebra, carente de divisas, con un bajísimo nivel crediticio en el mercado internacional, lo que le limita la adquisición de productos importados para poder resolver la seria crisis alimentaria que sufre el pueblo. A esto se añade la baja productividad en el reglón agrícola, la cual se ha desplomado toda vez que por razones intrínsecamente sistémicas del modelo económico estatizado, desestimula la productividad de los agricultores y los trabajadores, lo que genera grandes escases de productos agrícolas básicos, afectando la alimentación de la población al fomentarse el hambre de modo generalizado.

Otro factor que acelera la crisis, es que la escasez de los productos alimentarios genera un alza precipitada en la espiral inflacionaria, al tiempo que los salarios de miseria que recibe el trabajador cubano se mantienen bajos dada la incapacidad económica del régimen para poder pagar mejores y más altos salarios. Los actuales bajos salarios son insuficientes para que el cubano de a pie pueda comprar los productos alimenticios de la canasta básica. Actualmente, hay muchos dependen de las ayudas económicas y productos que les envían de los familiares del exilio, pero la gran mayoría del pueblo no recibe lo suficiente para su manutención.

Desde los inicios de la tiranía castrista, el sistema económico estatizado de Cuba tuvo que depender de los subsidios de las potencias y países extranjeros bajo regímenes izquierdistas. Sin embargo, hoy día los dos países que más proporcionaban bienes y petróleo, Rusia y Venezuela, ya no están en la misma posición y posibilidad de mantener los niveles de suministros de combustibles de antaño. Venezuela porque atraviesa una seria crisis económica y desajuste organizacional y administrativo en su organismo petrolero PDVSA.  Y Rusia por que la Guerra de Ucrania le limita y consume su producción de combustibles de modo considerable.

Para complicar el panorama económico del país, la quiebra económica por la que atraviesa el régimen, le limita en la adquisición de combustibles de otros paises productores de petróleo y gas, para abastecer la demanda para generación de energía eléctrica y para el transporte. A esto súmesele el serio deterioro de las plantas generadores de electricidad, muchas de ellas en muy mal estado, dada la ineficiencia y negligencia en el mantenimiento que estas han tenido a lo largo de décadas. El aumento de los apagones en el sistema de energía eléctrica también contribuye a la afectación de los niveles de productividad industrial, comercial y agrícola. Además, afecta la distribución del agua potable a las comunidades, a la agricultura, la industria y el comercio, haciendo mermar la productividad y la calidad de vida de los ciudadanos; y adicionalmente, incrementa los problemas sociales como la salud y el diario vivir del ciudadano.

En resumen, la crisis causada por la intrínseca improductividad sistémica del modelo de economía estatizada tiene hoy al pueblo cubano sufriendo de constantes cortes de energía eléctrica, falta de agua potable, escasez de gas, falta de alimentos, falta de medicinas, carencia de transporte, etc.

La dictadura ha tratado de poner parches para calmar a la descontenta población, distribuyendo migajas, tales como un poquito de arroz y leche en polvo que en nada resuelven la hambruna que sufre el pueblo. Mientras el régimen acapara cuantiosas reservas de arroz y leche en polvo en almacenes escondidos.

Otro hecho significativo, que constituye un importante factor generante del desastre sistémico-económico y del descontento popular, es que el régimen, copia de modelos estalinistas, ha creado una minoritaria casta privilegiada y hermética que ostenta el poder de modo absoluto y arbitrario, y la cual disfruta de todo tipo de riquezas, alimentación, lujos y comodidades mal habidas a costa de la corrupción desmedida y la explotación esclavizante de los trabajadores y agricultores.

Como resultado del sistémico desastre económico, el malestar y disgusto de la población se incrementa por días, estimulando la rebeldía popular tal como ocurrió en las del 11 de julio de 2021, y otras las muchas de menor escala que con frecuencia se producen cada día con más frecuencia en distintas partes del país, hasta las más recientes protestas del 17 de marzo de 2024 donde fueron tomadas las calles por los ciudadanos en Santiago de Cuba, Bayamo, Artemisa, Pinar del Rio, Santa Marta en Matanzas. Y hace unos días, durante Semana Santa, las protestas de motoristas en Holguín.

El proceso de desmoronamiento del régimen también se está produciendo calladamente entre los altos cuadros internos del régimen. Uno de los síntomas más relevante ha sido la reciente destitución del Ministro de Economía, Alejandro Gil, lo cual destapa el hecho de que existen ocultas grietas significativas entre los altos cuadros de la casta gobernante.

La dictadura está presentando claros síntomas de desmoronamiento sistémico, lo cual conllevará que la cúpula dictatorial entre en pánico y aumente la represión contra el pueblo. Pero ello no detendrá el debilitamiento de la dictadura ya que es un mal que solo se subsana con un radical cambio de sistema; o sea, de un país gobernados por pocos, a una democracia amplia y participativa; y de con una economía estatizada controlada por el estado, a una de libre mercado y libertad empresarial. Algo, que la casta gobernante del régimen sabe está impedido de hacerlo, so pena de perder el poder. 

El descontento y malestar del pueblo va cada día en aumento. Una situación que nos señala el momento propicio para incrementar la acción y rebeldía del pueblo de modo de que, en la medida que la dictadura de desmorona, el pueblo cubano se empodere para así recobrar su libertad.

Por lo que la presente situación nos convoca y conmina a todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, amantes la libertad y la democracia, dentro y fuera de Cuba, a apoyar, aumentar e intensificar la rebeldía popular de un extremo a otro de la isla, para elevarlo al nivel de rebelión total, permanente y sostenida contra la tiranía, hasta su total derrocamiento y erradicación para edificar el nuevo país libre, democrático y próspero “Con todos y para el bien de Todos” que anhelaba el Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí

San Juan, Puerto Rico a 8 de marzo de 2024

Por: Lcdo. Sergio Ramos

 

El discrimen y Las persecuciones por razones políticas y religiosas, las detenciones arbitrarias, torturas, y el presidio político es el sufrimiento constante para los pueblos de estos países.

Actualmente en la América Latina hay tres países que están gobernados por cruentas dictaduras de izquierda: Cuba, Nicaragua y Venezuela. La represión en estos regímenes ha sido repetidamente evidenciada por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y diversas organizaciones (ONG.) de Derechos Humanos, así como también en los Informes sobre Derecho Humanos para dichos países publicados por el Departamento de Estados de los Estados Unidos. (Country Reports on Human Rights). El discrimen y Las persecuciones por razones políticas y religiosas, las detenciones arbitrarias, torturas, y el presidio político es el sufrimiento constante para los pueblos de estos países.

Como consecuencia de la represión cientos de miles de ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela han escapado buscando refugio en otros países alrededor del mundo, pero principalmente en los Estados Unidos.

Se calcula que entre el 2022 y 2023 han entrado por la frontera a los Estados Unidos un total de 424,894 cubanos, 297,567 nicaragüenses y 524,434 venezolanos.

Son seres humanos que escapan de la opresión, sin embargo, una vez en Estados Unidos las políticas migratorias que se les aplican resultan preocupantes, pues en vez de garantizar el refugio estable y seguro, o quedan en estatus impreciso e inestable o son deportados a sus países, es decir, devueltos a la opresión quedando privados de la libertad y las garantías para el respeto de sus derechos humanos.

Así vemos que a los cubanos que entraron por la frontera solo a una minoría les dieron el ‘parole’ con el cual podrían al año y un día de su entrada, solicitar un ajuste de su estatus migratorio para adquirir una residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, según enmendada. Sin embargo, a la gran mayoría de los cubanos se les otorga la llamada i-200-A que es una liberación bajo su responsabilidad (Order of Release on Recongnizance) la cual no da derecho a acogerse eventualmente a la Ley de Ajuste Cubano, ni otorga derecho para adquirir un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. O sea, que la inmensa mayoría de los cubanos que han entrado por frontera están en un inseguro limbo migratorio, al tiempo que existen negociaciones sobre migración con el gobierno cubano para acordar que el régimen reciba devuelta a los cubanos deportados. También ha habido, con el mismo propósito, semejantes intentos de negociaciones con los regímenes de los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

En el caso de los nicaragüenses, nada se ha producido para garantizar que los nacionales de ese país que entraron por la frontera tengan un status de protección que garantice su refugio en los Estados Unidos. El ultimo Estatus Protección Temporal (Temporary Protected Status (TPS)) data la década de los noventa y se ha venido extendiendo desde esa fecha para quienes lo poseen; pero no se le ha otorgado a los que hayan entrado posteriormente y tengan una presencia física ininterrumpida en los Estados Unidos posterior al 30 de diciembre de 1998.

En cuanto a los venezolanos, la actual administración otorgó el TPS para aquellos nacionales de Venezuela que tengan una presencia física en territorio estadounidense con anterioridad a Octubre 3, del 2023. Sin embargo, la fuga de venezolanos ha continuado y continuará debido a la opresión de la dictadura de Nicolás Maduro contra el pueblo, luego dicho TPS debió haberse otorgado como un remedio que les garantice un refugio estable en los Estados Unidos a todos los que entren posterior a esa fecha, pues la dictadura de Maduro continúa reprimiendo y por ende el pueblo venezolano seguirá escapando de la opresión.

Si bien esta administración ha tomado la medida de otorgar la petición de ‘parole humanitario’ para los nacionales de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití (este último país porque padece de una seria crisis debido al caos político y social) como medio para desestimular la entrada ilegal a los Estados Unidos.

Pero la realidad es que el perseguido político o religioso que se ve en peligro solo tiene la opción de salir huyendo por donde primero se le abra la oportunidad, so pena de caer en las garras de los esbirros de la dictadura.

Los que llegan a los Estados Unidos pueden solicitar el asilo, bien por razones de persecución política, religiosa, por discrimen por sexo, raza o por ser parte de un grupo social perseguido. Sin embargo, lograr el miedo creíble o que le otorguen el asilo es cuestión de prueba, no de contar sus anécdotas e historias. La persecución sufrida hay que probarla, así como que el regresar a su país de origen conllevaría ser víctima de dicha persecución.

Una realidad que se convierte en barrera para los perseguidos que solicitan asilo, debido a que cuando una persona huye de un régimen dictatorial porque es perseguido, escapa por la primera vía que se le posibilita y con lo que tiene puesto. El que huye no puede volver atrás a buscar sus evidencias de persecución porque corre el riesgo de caer en las garras de sus represores, ni tampoco puede exponer a sus amigos y familiares que quedaron en su país para que les procuren las evidencias porque los exponen al riesgo de ser reprimidos por los esbirros de la dictadura. Y los testigos, si alguno tuvo, o están presos, o están escondidos en su tierra o han salido huyendo y están en algún desconocido lugar del planeta. Luego al requirente de asilo se le dificulta contar con evidencias y testigos para probar su caso, lo que lo expone a ser penalizado con una orden de deportación y terminar devuelto a los esbirros de la dictadura.

La realidad es que cuando un pueblo emigra masivamente, la raíz del problema no está en el país receptor de los migrantes, sino en el lugar donde se origina la migración masiva, sea esta por razón de pobreza extrema, guerras, hambre, represión, catástrofe natural, etc. Por cuanto es allí, en el lugar de origen, a donde hay que enfocar medidas, esfuerzos y recursos para mitigar y resolver el mal que aqueja.

Como también las naciones libres deben diferenciar lo que es la migración por causas económicas, de aquella que arriba al país buscando refugio por razón de persecución política o religiosa o por persecución étnica. Por tanto, acorde al derecho internacional, a los pueblos que escapan de la opresión de un tirano debe dársele refugio seguro y estable. Así lo establece la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Artículo 14 inciso 1, que establece que:  “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.”

Los Estados Unidos se ha caracterizado por ser una nación de inmigrantes. Es un país que se formó desde sus comienzos por perseguidos, como lo fueron los primeros migrantes cuando llegaron a Norteamérica: Los pelegrinos del Mayflower en 1620. Y a lo largo de su historia, ha acogido a los perseguidos que buscan libertad. Una gran estatua a la entrada del puerto de Nueva York resalta esa tradición y vocación. Esa es una tradición de justicia que jamás debe mancillarse.

Sin embargo, tristemente estamos observando en los últimos tiempos las deportaciones personas hacia países cuyos pueblos sufren una fuerte opresión por estar regidos por crueles tiranos. Ese es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por lo que devolver deportados a los cubanos, nicaragüenses y venezolanos constituye una cooperación con los represores que viola el artículo 14 inciso 1 de la Carta de Derechos Humanos de la ONU y una seria falta a la tradición de libertad de esta gran nación.

Se trata de políticas migratorias tomadas más por el pánico causado por la masiva entrada irregular a través de la frontera de más de un millón de personas, que por el espíritu de la razón y la justicia que deben siempre tenerse en cuenta para no cometer serias injusticias.

En el caso de los nacionales de esos tres países, Washington debe rectificar su política paralizando las deportaciones y concediendo un estatus legal de protección y refugio estable y seguro a todos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que han arribado o arriben a los Estados Unidos, al tiempo que endurezca las medidas y sanciones contra los regímenes dictatoriales que oprimen a dichos pueblos.

EL MUNDO

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