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“Sabe que yo estaré contigo siempre; si, hasta el final de los tiempos” Jesucristo

  

 

 

 

 

Por: Lcdo. Sergio Ramos

 

Las caravanas de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos se han proliferado al punto de crear una crisis migratoria para el gobierno de Washington. Detrás, en proporciones significativas, se esconde un trasfondo político de los elementos anti-americanos.

Para enero del 2022 Díaz Canel visitó a Daniel Ortega en Nicaragua y luego se volvieron a ver en mayo de ese año en Cuba en una reunión donde además estuvo el dictador Venezolano Nicolás Maduro. Una de las medidas resultantes de las conversaciones entre Díaz Canel y Ortega fue que los cubanos no necesitaran visa para entrar a Nicaragua. Detrás de las conversaciones estaba el plan para aliviar la presión de la caldera política que el régimen Cuba tenía --- y aún tiene --- tras la explosión social del 11 de julio de 2021, siguiendo el patrón estratégico de la política de ostracismo masivo previamente utilizado en 1980 tras la toma de la Embajada de Perú en La Habana y durante la crisis de los balseros en 1994, tras las protestas del llamado Maleconazo.

La técnica aplicada por el régimen es clara: Cuando aumenta la presión en la caldera política del país, abrir una válvula de escape para que salgan masivamente los opositores y los descontentos y así sacarlos del terreno nacional, evitando que ocurra una fuerte explosión y protestas de descontento social capaces de derrocar la dictadura, sacando del poder a los opresores del pueblo.

La medida también, tuvo un propósito adicional: Crearle un caos migratorio y un conflicto de seguridad fronteriza a los Estados Unidos; lo que bien pudiera catalogarse de un acto de agresión contra dicho país. En ese maquiavélico plan, no solamente estuvieron envueltos los dictadores e Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino que también participaron elementos de izquierda pro-castristas, principalmente de los países centroamericanos, como el caso del diputado Bartolo Fuentes del Partido Libertad y Refundación de Honduras quien desde 2017 estimulaba y promovía las caravanas de migrantes en Honduras.  Y reiteramos, con el objetivo de crearle un caos migratorio y una crisis de seguridad fronteriza a los Estados Unidos.

Es muy significativo que el gobierno del izquierdista presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha mantenido consistentemente una postura de desidia y “laissez faire” dejando pasar impunemente a las masivas caravanas  de inmigrantes que cruzan desde el sur de México en lindes con Guatemala hasta el otro extremo con la frontera con los Estados Unidos sin tomar acciones para impedirlas, tan solo algunas pocas intervenciones más teatrales que efectivas, en lo que constituye una clara permisividad colaborativa con el propósito de crearle problemas de seguridad y crisis migratoria a los Estados Unidos.

Cierto es, que en los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua existen férreas dictaduras de izquierda que constantemente violan los derechos humanos de sus ciudadanos y persiguen, encarcelan y torturan a quienes se les oponen, por lo cual, quienes escapan de dichos regímenes, deben ser protegidos por el derecho de asilo.

Recientemente, con el fin de solventar dicha crisis, la administración del Presidente Joe Biden ha implementado un programa de ‘parole’ para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití por virtud del cual podrán entrar mensualmente a Estados Unidos bajo ‘parole’, con derecho a permanecer y trabajar por dos años, unos 30,000 ciudadanos de esos países, siempre que cumplan una serie de requisitos y tengan un patrocinador o garante económico en los Estados Unidos. La medida representa un alivio --- no una solución --- para quienes buscan la libertad que le son conculcadas en sus países.

Además, simultáneamente, están en proceso de análisis e implementación, regulaciones para que, en adelante, se solicite la aplicación de asilo en las embajadas americanas en terceros países, en donde los solicitantes recibirán el proceso de miedo creíble. Algo que ya organizaciones de Derechos Humanos como Human Right Watch y Amnistía Internacional han cuestionado porque pone en riesgo el proceso de asilo a las personas que están en serio peligro de persecución en sus respectivos países, lo cual violenta el Derecho de Asilo consagrado en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en su Artículo 14 inciso 1, que: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.

Tales medidas, tomadas por los Estados Unidos, equivalen a aplicar mercurocromo sobre el cáncer. Las tiranías no se tumban con amonestaciones, ni con sanciones, sino se extirpan de raíz con acciones enfocadas a sacar del poder a los opresores del pueblo.

Mientras Washington no implemente políticas y acciones firmemente encaminadas hacia la erradicación de raíz de los regímenes comunistas y totalitarios de Venezuela, Cuba, y Nicaragua ( …y posiblemente Bolivia que ha tomada un curso de radicalización hacia la izquierda con el encarcelamiento del opositor gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho ) los Estados Unidos seguirá teniendo situaciones de tensión y agresiones solapadas provocadas por esos países, que por cierto, son aliados incondicionales del régimen dictatorial de Ruso de Vladimir Putin.

Por: Lcdo. Sergio Ramos

 

Cuba sufre una contradictoria dualidad alimentaria que separa de modo discriminatorio a la mayoría de la población de la minoritaria oligarquía que usurpa el poder desde hace más de seis décadas. Se trata de una de las mayores injusticias que sufren los cubanos de a pie, para quienes, el sistema de escases y carencia de productos alimentarios, medicinas y de primera necesidad les genera un dificultoso acceso a la alimentación adecuada, a las medicinas y a los productos de primera necesidad, ya que el estado totalitario los controla y raciona de su antojo desde hace 60 años, y mantiene el discriminatorio racionamiento como un mecanismo de control y subyugación social.

En otras palabras, al estado totalitario controlar la alimentación y los medicamentos para el pueblo, crea un efecto de dependencia del ciudadano para con el estado y este último puede a su antojo controlarlo y/o castigarlo privándole o limitándole el acceso a esos productos alimenticios y medicamentos, creando así un mecanismo de coacción contra la población.

Son frecuentes las largas y tediosas colas que el ciudadano común tiene que hacer para abastecerse de la escasa comida, de algún medicamento o algún producto básico, a causa de que la dictadura los distribuye a su antojo y conveniencia.

Ante este bloqueo alimentario que el régimen castrista le impone al pueblo, el cubano de a pie no le queda más remedio que acudir a la ilegal bolsa negra o mercado clandestino para obtener algunos productos a precios exorbitantes.

Suelen escapara duras penas de este encierro, aquellos cubanos que tienen familiares en el exterior y que reciben ayuda a través de los envíos de remesas en divisas.

Hay que tener presente que el sueldo medio del trabajador cubano al día de hoy es de 3,838 pesos nacionales, lo que equivale a un salario mensual de US$33.67 dólares. Con lo cual tiene que adquirir sus alimentos, cuya canasta básica tiene un valor medio de 3,250 pesos nacionales, lo que equivale a US $28.15 dólares, quedándole un sobrante de 588 pesos nacionales que equivalen a US $5.16 dólares. Eso significa que el 84.37% de su sueldo lo tiene que gastar en alimentación racionada por el estado.

A esto añádase que para finales de este año 2022 la inflación en el país proyecta un aumento del 51.8%, lo que cada vez más reduce el poder adquisitivo del consumidor cubano y aumenta gravemente los altos niveles de pobreza en el país.

Una situación que muy probablemente se agravará a raíz del daño que sufrirá la economía del país a causa de los incendios que destruyeron los depósitos de combustible de Matanzas. La pérdida de grandes cantidades de gasolina y diésel a causa del incendio, tendrá el efecto de aumentar la escases de combustible con lo cual se afectará seriamente la ya deteriorada producción de energía eléctrica, lo que a su vez, inevitablemente, tendrá un impacto negativo en la producción y distribución alimentaria en el país.

Pero más allá del efecto negativo que pueda generar el reciente incendio de los tanques de combustibles de Matanzas, la gran responsabilidad y génesis de esta crisis y su consecuente incremento en los niveles de pobreza y la escases alimentos, de medicinas y productos de primera necesidad que sufre el pueblo se debe, en gran medida, al carácter intrínsecamente improductivo del sistema económico centralizado y controlado por el estado comunista.

Sin embargo, en Cuba existen unos minoritarios sectores de la población que disfrutan de una abundancia insospechable. Se trata en primer término de la alta cúpula dirigente del régimen, quienes, tras la mampara de su privacidad, están abundantemente abastecidos de los más apetitosos manjares y disponen de todo tipo de medicamento y los servicios médicos de calidad, así como todo tipo productos de diversa índole y residen en lujosas mansiones inalcanzables para el ciudadano común.

El otro sector es el de los extranjeros, quienes viajan de turistas a Cuba hospedándose los hoteles y hospedajes turísticos, los cuales tienen acceso a una variedad de alimentos inaccesibles para el pueblo. Algo que es cónsono con la política de atraer divisas al país a través de la industria del turismo, cuyos réditos se reparten entre el estado, los inversionistas dueños de hoteles extranjeros y la alta cúpula regente de la dictadura.

Mientras, en dramático contraste, la mayoría del pueblo cubano recibe tan solo migajas con la libreta de racionamiento que le impone el régimen, los altos jerarcas celebran y se nutren con suculentas comelatas. Mientras el pueblo carece de medicinas y se les atiende en hospitales que carecen de asepsia y los pacientes tienen que llevar su propias sabanas y comidas cuando son hospitalizados, los altos jerarcas son atendidos en hospitales como el CIMEC que cuenta con los más modernos y avanzados equipos y están surtidos de todo tipo de medicamentos. Mientras los cubanos de a pie se les están cayendo sus viviendas encima y son comunes los derrumben de edificaciones en el país por la imposibilidad de darles mantenimiento y/o por el estado ruinoso en que se encuentran sus maltrechos hogares, los minoritarios altos dirigentes de la dictadura viven en suntuosas y lujosas mansiones en barrios exclusivos del país.

De hecho, en Cuba hay fábricas de enlatados de alimentos cuyos productos nunca los puede adquirir el pueblo, pues están vedados para este, y hasta muchos cubanos desconocen que existen, porque son solo para exportación y cuyos ingresos son distribuidos entre el estado totalitario, la cúpula gobernante y los inversionistas dueños de esas industrias.

Tal discrimen alimentario, en medicinas y servicios médicos-hospitalarios y en productos de primera necesidad constituyen una violación de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos por parte de la alta cúpula dictatorial que controla el poder en Cuba, ya que el artículo 25 inciso 1 de la carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresamente establece que: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

La solución de la crisis alimentaria en Cuba está condicionada a que se produzca un radical cambio político en el país, cuando una vez erradicado de raíz el régimen totalitario, bloqueador de las libertades y del verdadero bienestar del pueblo, se edifique en el país una sociedad justa, “con todos y para el bien de todos” los cubanos como nos enseñara el Apóstol José Martí, bajo un sistema democrático pluripartidista, participativo e inclusivo de todas las corrientes del pensamiento político, social y económico del país, dentro del marco de un estado de derecho basado en el respeto a las libertades y los derechos humanos, implementándose una política de desarrollo económico sostenido basado en una economía de libre mercado y libre empresa y desarrollándose además, una política de bienestar social para todo el pueblo y en donde los trabajadores cubanos reciban salarios dignos y justos que garanticen plenamente su mantenimiento y el de sus familias. O sea, una patria con vida digna y libertad para todos los cubanos.

Por: Lcdo. Sergio Ramos

 

A un año de las protestas del 11 de julio del 2021, surgen nuevas protestas del pueblo contra la dictadura castrista, esta vez por la crítica situación que está generando los constantes cortes del servicio de energía eléctrica por espacios de 12 y 16 horas en muchas partes del país; además de la dramática escases de alimentos, medicinas y gasolina.

En realidad, Cuba está sufriendo un desabastecimiento de combustible porque Venezuela ya no está proporcionando el suficiente diésel para abastecer las plantas productoras de energía eléctrica del país. Un desabasto producto del estado de ineficiencia en que ha caído la producción de crudo bajo el régimen pro-comunista del dictador Nicolás Maduro, sumado al estado de deterioro de dichas plantas generadoras de energía en Cuba, por antigüedad y falta del debido mantenimiento durante décadas, lo que provoca que estén funcionando muy por debajo de su capacidad. Este es otro reflejo más de la ineficiencia productiva intrínseca que acarrea el sistema económico estatizado del comunismo.

El efecto de las repetidas faltas de energía por largas horas acrecienta el malestar y disgusto del pueblo, que luego de adquirir la poca alimentación que a duras penas logra conseguir, se les deteriora por la falta de energía eléctrica.

Las protestas del pasado año el 11 de julio fueron una demostración clara del rechazo popular a la dictadura de los Castro y sus secuaces. Un malestar que ha permanecido latente en cada cubano y que, con esta crisis energética en el país, destapa la ira popular, produciéndose nuevas protestas en las calles de varias ciudades entre ellas Los Palacios en Pinar del Rio, en el parque de El Curita en Centro Habana y otros lugares de la isla. También últimamente es frecuente en el país que durante las largas y tediosas colas que hace el pueblo para adquirir productos, se escuchen gritos y comentarios en alta voz en contra de la dictadura, quejándose de las carencias alimentarias, de medicinas, gasolina y productos de primera necesidad. Esto a pesar de la fuerte represión contra el pueblo desplegada por los esbirros de la tiranía durante y posterior al 11j. Porque cabe notar, que la ira de un pueblo oprimido aplasta el miedo y rompe cadenas.

Y es que la situación del incremento en el descontento popular en Cuba asemeja al volcán que cada día acumula más lava y presión en su interior hasta que un buen día estalla en erupción arrasando con todo lo que le rodea. Cuba es un volcán latente. Las condiciones del próximo estallido social son cada día más factibles en todo el país.

Por tal razón, el pueblo cubano, tanto dentro como fuera del país, debe prepararse para apoyar a la población enardecida cuando este estallido advenga, para que el mismo pueda producir el resultado anhelado por todos, que es el fin de la tiranía castrista.

Recientemente, y salvando las diferencias existentes entre ambos países, vimos como el pueblo de Sri Lanka se lanzó a las calles y derrocó al gobierno corrupto. En ese país los manifestantes tuvieron un objetivo: Se dirigieron a los centros de poder y los tomaron expulsando a sus incumbentes.

Más allá de la necesaria y legítima expresión protestando en rechazo a los abusos y atropellos que comete a diario la dictadura castrista contra el pueblo cubano, las protestas han de tener un objetivo supremo: Erradicar la tiranía y abrir las puertas a la libertad y la democracia para encaminar al país hacia el logro de ese anhelo de que todos los cubanos puedan poseer una digna patria y vida con libertad

Por: Lcdo. Sergio Ramos

San Juan, Puerto Rico

 

La dictadura castrista acaba de promulgar un nuevo un nuevo código penal, el cual fue aprobado, como es costumbre, por unanimidad por la mono-partidista seudo-legislatura Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta legislación surge tras las protestas masivas del pueblo reclamando sus derechos humanos y libertades el pasado año el 11 de julio de 2021 y en el 15 de noviembre pasado.

Basta un breve vistazo a dicho código para darse cuenta que el mismo está orientado a penalizar el ejercicio de libertades y derechos humanos de los ciudadanos. Lo que lo hace un claro instrumento represivo y violatorio de los derechos humanos fundamentales del pueblo cubano.

Veamos algunos ejemplos: El articulo 124 penaliza la propaganda en oposición al régimen dictatorial, al “orden social” y al “Estado Socialista” al establecer que:

“Sección quinta

Propaganda contra el orden constitucional

Artículo 124.1. Incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años quien:

  1. a) incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma;
  2. b) confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior.

 

  1. Si, para la ejecución de los hechos previstos en el apartado anterior, se utilizan medios de comunicación social, la sanción es de privación de libertad de cuatro a diez años.

 

  1. Quien permita la utilización de los medios de comunicación social a que se refiere el apartado anterior incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años.

 

  1. Quien, teniendo responsabilidad de cuidado, custodia o uso de cualquier medio de comunicación social, permita que otro lo utilice para ejecutar los actos previstos en el apartado 1), incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años, siempre que sus acciones no constituyan un delito de mayor entidad.”

 

El citado artículo constituye una clara conculcación a la libertad de expresión del pueblo cubano. La cual es una de las libertades fundamentales que garantiza la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 19:

 

“Artículo 19 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

Las protestas del 11 de julio de 2021 estaban dirigidas específicamente contra el estado y representó el ejercicio de un sagrado derecho humano por la población.

Dicha medida, como puede observarse, está en total contradicción con el artículo 19 de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Pero la conculcación de la libertad de expresión va más allá, pues busca evitar que los gobernantes y sus acciones sean criticados por el pueblo cuando dicho Código Penal establece en su artículo 185.1 que:

“Sección cuarta

Desacato

Artículo 185.1. Quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.

  1. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al Presidente o Vicepresidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los demás miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República o al Presidente del Consejo Electoral Nacional, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años”.

 

Con esa disposición, también violatoria de la Carta de Derechos Humanos de las ONU, el represivo nuevo código penal de Cuba pretende penalizar las expresiones populares tales como “Diaz Canel Sing…” que no es otra cosa que una expresión clara del rechazo del pueblo a un gobernante despótico y corrupto, junto a su camarilla que usurpa el poder.

Más adelante en el artículo 216 de dicho Código se penalizan las publicaciones, panfletos y hojas sueltas y/o documentos escritos criticando al régimen al establecer que:

“CAPÍTULO XV

CLANDESTINIDAD DE PUBLICACIONES

Artículo 216. Quien confeccione, difunda o haga circular en cualquier formato, publicaciones, sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.”

 

Del mismo modo, el artículo 270 prohíbe y penaliza la crítica a las llamadas organizaciones de masa tales como el Partico Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, La Federación de Mujeres Cubanas, entre otras más, todas ellas creadas y controladas por el régimen.  Y además, también penaliza con fines represivos, el rechazo del pueblo cubano a los difuntos opresores como el tirano Fidel Castro o el genocida Ernesto Che Guevara entre otros, en lo que constituye una clara conculcación del derecho humano a la crítica a los verdugos del pueblo ya fallecidos:

“CAPÍTULO IV

DIFAMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y

ORGANIZACIONES Y DE LOS HÉROES

Y MÁRTIRES

Artículo 270. Quien públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República de Cuba, a las organizaciones políticas, de masas o sociales del país, o a los héroes y mártires de la Patria, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.”

 

Todos los preceptos antes citados del nuevo Código Penal de Cuba constituyen una mordaza al pueblo, coartando el derecho humano a la libertad de expresión.

Por otro lado, con el fin de reprimir y coaccionar la libertad de reunión y asociación en organizaciones opositoras, así como las convocatorias y agrupaciones de descontentos cubanos protestando contra los abusos de la tiranía como ocurrió el pasado 11 de julio de 2021, los artículos 274 y 275 establecen que:

“CAPÍTULO VIII

ASOCIACIONES, REUNIONES Y MANIFESTACIONES ILÍCITAS

Artículo 274.1. Los promotores, organizadores o directores de una asociación no autorizada para constituirse, incurren en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas, o ambas.

  1. Quien pertenezca, como asociado o afiliado, a una asociación no autorizada para constituirse, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

 

  1. A los responsables de los hechos previstos en los apartados anteriores, el tribunal puede imponerles la sanción accesoria de confiscación de bienes.

 

Artículo 275. 1. Quien participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

  1. Los organizadores de reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos incurren en sanción de seis meses a dos años o multa de trescientas a quinientas cuotas o ambas”.

 

El citado artículo 275 claramente responde a la finalidad de coartar y suprimir las organizaciones opositoras al régimen penalizando a sus organizadores y a sus militantes en lo que claramente constituye una crasa violación al Derecho Humano a la libertad de reunión y asociación contemplada en el Artículo 20 de la Derechos Humanos de las Naciones Unidas que establece que:

“Artículo 20 

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
  2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”

 

Inclusive la libertad de culto queda coaccionada y oenalizada por el artículo 272 del impuesto nuevo código penal al establecer que:

“CAPÍTULO VI

ABUSO DE LA LIBERTAD DE CULTOS

Artículo 272. Quien, abusando de la libertad de cultos garantizada por la Constitución, oponga la creencia religiosa a los objetivos de la educación, o al deber de trabajar, defender la Patria con las armas, de reverenciar sus símbolos o a cualesquiera otros establecidos por la Constitución de la República de Cuba, es sancionado con privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.

 

Con lo cual, institucionalmente, el régimen cubano atenta la libertad de culto consagrada el en artículo 18 de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que claramente establece que:

“Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”  

   

Está claro el nuevo código penal de Cuba tiene la finalidad de fomentar el terror entre los ciudadanos y crear un instrumento jurídico para justificar la represión y las arbitrarias largas condenas contra los opositores y los ciudadanos descontentos por causa del legítimo ejercicio de los Derechos Humanos del pueblo. Tales acciones represivas son realizadas a través de los teatrales juicios amañados, en donde a los acusados se les privan de contar con una adecuada defensa, imponiéndose condenas injustas dictando sentencias prefabricadas tras bastidores por la policía política (la Seguridad del Estado) y la alta cúpula gobernante del régimen.

Los tiranos suelen acomodar las leyes a sus intereses particulares. He ahí la razón de la promulgación de este nuevo código penal, cuya legitimidad es nula, toda vez que el gobierno es uno ilegitimo ‘ab initio’, ya que desde 1959 en que tomaron el poder los castristas, lo vienen ostentando y ejerciendo contra la voluntad del pueblo y en contra de la legitima constitución de Cuba, que es la de 1940.

El represivo nuevo código penal de Cuba impuesto por la dictadura castrista, también refleja sutilmente un factor que no debe desconocerse y es que la razón de fondo para su promulgación está motivada por el miedo atroz que la cúpula gobernante del régimen le tiene al pueblo cubano lanzado en las calles, enardecido y hastiado por la falta de libertades, la miseria, el hambre, los abusos y la corrupción que arropa a la cúpula de la tiranía.

Toda ley injusta e ilegítima debe detestarse, impugnarse y combatirse, pues toda injusticia es inaceptable e incompatible con la dignidad a que tiene derecho todo ser humano.

La dictadura podrá imponer leyes represivas contra el pueblo, pero el destino de Cuba es la libertad alcanzada por el pueblo cubano en su lucha frontal contra sus opresores.

EL MUNDO

EL TIEMPO