Editorial de “Libertad Digital”
Lo importante es que los tribunales argentinos no se amedrenten y castiguen a los culpables del mayor caso de corrupción de la historia del país.
Dos días después del suceso sigue sin haber nada claro en el intento de asesinato de la vicepresidenta del Gobierno argentino a las puertas de su residencia, cuando arengaba a sus seguidores para seguir boicoteando la acción de la Justicia contra ella por haber protagonizado sonadísimos casos de corrupción.
Ni las características del autor del presunto intento de magnicidio ni las circunstancias estrambóticas que se dieron en el transcurso del suceso son las propias de una operación diseñada para asesinar al miembro más destacado de un Gobierno nacional, pero eso es algo que tendrá que descartarse o confirmarse cuando finalicen las pesquisas de la policía y la Justicia argentinas. Ahora bien, el contexto en el que se produjo este episodio sí permite alimentar la sospecha de que todo puede obedecer a una estrategia del peronismo para redoblar el apoyo a Cristina Kirchner, sobre la que pesan cinco acusaciones de corrupción al más alto nivel por las que la fiscalía pide elevadas penas de cárcel e inhabilitación perpetua para cualquier cargo público.
La corrupción política es la esencia del peronismo, que con el matrimonio Kirchner llegó a unas cotas de obscenidad sin precedentes como han acreditado los fiscales encargados de investigar a la actual vicepresidenta, que estuvo al frente del país entre 2007 y 2015. El enriquecimiento descomunal de los Kirchner y su círculo más cercano es la consecuencia de décadas de sobornos y comisiones ilegales a cambio de las inversiones públicas adjudicadas durante sus distintos mandatos. Nada que no se supiera ya pero que, en esta ocasión, resulta acreditado por un ministerio público convertido en la última esperanza de los argentinos decentes de que, por una vez, impere la ley y se castigue a los corruptos.
La respuesta de Kirchner ha sido la habitual de los dictadores cuando la Justicia los acorrala por sus desmanes, consistente en denunciar una persecución política y sacar a la calle a sus correligionarios para amedrentar con violencia a los servidores públicos que buscan descubrir la verdad. La presión de los jueces y la labor incansable de los fiscales ante la magnitud de la corrupción del kirchnerismo han desembocado en ese estrafalario intento de atentado que recuerda mucho a las falsas amenazas contra Pablo Iglesias y otros ministros de Sánchez cuando su popularidad comenzaba a caer en picado.
La desvergüenza de los peronistas en la manipulación de este extraño atentado ha llegado al extremo de declarar festivo el pasado viernes, al objeto de que sus correligionarios organizaran marchas violentas contra la decisión de la Justicia argentina de someter a juicio a la vicepresidenta. En lugar de mantener la neutralidad que se exige al Poder Ejecutivo, el Gobierno argentino está actuando como una organización violenta, actitud que define perfectamente al movimiento peronista cuando la Justicia amenaza con desmontar su gigantesco entramado corrupto.
La Justicia determinará en su día qué hay de cierto en ese raro episodio violento contra Cristina Kirchner, pero lo importante ahora es que los tribunales argentinos no se dejen amedrentar y castiguen de manera ejemplar a los culpables del mayor caso de corrupción de la historia de aquel país.