Por Yoe Suárez

(Diario de Cuba)

 

Once años oró y luchó Elsa Morejón por su esposo, Oscar Elías Biscet. Desde los años 80 él había denunciado la falta de pago en el sector de la salud, y los abortos con el uso del Rivanol, completados en ocasiones con la falta de asistencia a neonatos vivos. Esta última acusación -que también fue un informe académico-, la envió Biscet al régimen, junto a una carta a Fidel Castro. Fue despedido del sistema hospitalario, y tras una huelga de hambre, encarcelado hasta 2002. Cumplida la sentencia Elsa creyó que lo peor había pasado, pero la libertad duraría un mes. Otro juicio, parte de la Causa de los 75, lo condenó a 25 años.

En total, Oscar Elías pasó más de 11 en cárceles de La Habana, Pinar del Río y Holguín. Todo ese tiempo el régimen nunca permitió que le llegara asistencia religiosa. Solo la autorizaron en abril de 2011, pero usando ese derecho como moneda de cambio. “Hermes Soto, del Seminario Bautista, y Víctor Samuel, directivo de la Convención Bautista Occidental, me notificaron que el Departamento de Asuntos Religiosos del Partido Comunista autorizaba la asistencia religiosa a mi esposo -cuenta Elsa-, pero con la condición de que ambos pastores lo convencieran de abandonar el país”.

Al parecer los líderes protestantes se negaron al dictado y no pudieron ver a Oscar Elías, en aquellos momentos bajo torturas. La asistencia espiritual, cree Elsa, habría sido un aliciente mental para soportar las torturas.  

Como su esposo, algunos de los más conocidos presos políticos cubanos de este siglo han visto limitada su libertad religiosa, como en los casos de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano Liberación, o el ex agente Ernesto Borges. Esta violación es una más en el entramado penitenciario, pero como castigo extra parece tener una función específica: quebrar el fuero interno del individuo.

Elsa considera otra cuestión: “Lo hacían para que el mundo cristiano y la comunidad internacional no supieran de la fortaleza de Oscar Elías a través de alguien, de un pastor. Amén de la adversidad y los castigos no perdió la fe. El régimen teme a personas con esos testimonios, porque llaman seguidores”. 

El médico cubano, Oscar Elías, pasó más de 11 en cárceles de La Habana, Pinar del Río y Holguín. Todo ese tiempo el gobierno nunca permitió que le llegara asistencia religiosa.

Portar una Biblia también le fue prohibido al doctor en la prisión de Holguín. “Fue dura la batalla para que aceptaran una adentro –dice la mujer. Gracias a Dios y a nuestros reclamos entró una por vez primera a ese establecimiento penitenciario. Allí nunca habían permitido a los reclusos portarla”.

Aunque, al poner en la celda de castigo al opositor volvieron a retirarle el libro sagrado. Su vía crucis lo convirtió en un símbolo para la lucha pacífica contra el totalitarismo, candidato al Nobel de la Paz 2005 y merecedor de la Medalla Presidencial de la Libertad 2007 (Estados Unidos).

Las iglesias organizan, de forma autónoma, grupos de creyentes llamados Capellanías o Pastorales para asistir a reclusos. Todos los permisos de acceso a prisiones se otorgan a través del oficialista Consejo de Iglesias de Cuba; con lo cual, dar o no el permiso queda a merced de una institución supeditada al Partido Comunista, cuya doctrina cree que “la religión es el opio de los pueblos”.

El 6 de enero de 1959 el sacerdote vasco Javier Arzuaga subió la dura pendiente entre Casablanca y la fortaleza de La Cabaña, se presentó ante el Comandante Ernesto Guevara, y solicitó permiso para que tanto soldados como del ejército rebelde como detenidos pudiesen asistir a misa. . Guevara se negó a que la tropa participara (“Aquí ya se acabaron esas cosas”, dijo). Pero admitió que asistieran a la Capilla de La Cabaña quienes serían fusilados gracias a los Tribunales Revolucionarios, similares a los que desataron el Terror de la Revolución Francesa.

El ateísmo oficial instaurado por el socialismo cubano hasta 1992, dio paso a coartar cada vez más la libertad de culto de presos políticos. 

El Doctor Alberto Payá, de la Universidad de Valencia, considera que el principio de libertad religiosa en las prisiones expresa “la independencia, la inmunidad, la no injerencia, el respeto y la colaboración, como notas constituyentes del Estado frente al hecho religioso”. El documento Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes (1994), de la Universidad Pontificia de Salamanca, reconoce que la asistencia en prisiones se dispensará por “las Confesiones, a través de sus ministros de culto correspondientes”, y el Estado solo actuará de intermediario para facilitar “con todos los medios a su alcance” la garantía de recibirla en centros públicos de especial dependencia.

En la región de las Américas, la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia, Lorena Ríos, subrayóen 2019 el compromiso de su entidad para poner sobre la mesa los elementos clave para que la libertad religiosa salga adelante. La ley mexicana, por su parte, no prohíbe ni apoya explícitamente el trabajo del clero en instituciones públicas, como las cárceles. Y Estados Unidos insta a sus ciudadanos a aprender sus derechos religiosos dentro de las prisiones.

Ninguno de esos países cuenta con presos políticos. Cuba sí. Uno de ellos, Mitzael Díaz Paseiro, condenado a tres años y medio de prisión por “peligrosidad social predelictiva” tras protestar contra la legitimidad de las elecciones municipales de 2017, permaneció de noviembre de ese año a diciembre pasado en una celda de castigo de La Pendiente, en Santa Clara. ¿Por qué? Se negó a participar del Plan de Reeducación (adoctrinamiento socialista). Le costó palizas, falta de atención médica y, denunció su esposa Arianna López, privación de asistencia religiosa.

“Inicialmente, Paseiro tuvo sus derechos básicos negados en la prisión, como el acceso a una Biblia y visitas de un capellán. Los malos tratos que sufrió, llevaron a que su esposa realizara una huelga de hambre de 19 días”, compartió Mario Vallejo, presentador de Univisión Noticias, en redes sociales.

Durante aquella huelga de hambre, efectuada en 2018, agentes policiales impidieron en dos ocasiones que el pastor Bárbaro Guevara, cercano a la pareja, accediera a la casa de Arianna para ofrecerle consejería.   

La sistematicidad de estas arbitrariedades las atestigua el abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones, quien hizo parte de la Pastoral Penitenciaria católica de la diócesis Guantánamo-Baracoa entre 2006 y 2012. Desde ahí asesoró gratis a familiares de reclusos, hasta que la Dirección Provincial de Justicia inició un expediente para invalidar su inscripción del Registro de Juristas. 

Amén de la función evangelizadora de la Pastoral Penitenciaria, otro objetivo es el acompañamiento a los familiares del sufriente. Canalizaba Biblias, literatura religiosa, ropas, alimentos, medicinas.

“Atendíamos a los ´benéficos´, reclusos sin parientes que quieran o puedan visitarlos, y también a sus familias”, cuenta Quiñones. Pero de esa labor también sería arrancado a causa de su posición cívica, y en 2019 pasó de asistir en la fe a reclusos a recibir asistencia.