Editorial de Diario de Cuba
El giro político de Washington debe ser evaluado desde el pragmatismo, pues provocará una realidad con la que habrá que lidiar.
La Administración de Joe Biden ha anunciado un giro importante en la política de EEUU hacia Cuba. Más allá de opiniones y posturas, el giro es un hecho, por lo que toca reposicionarse a los actores afectados: la sociedad cubana en general y la sociedad civil y la oposición en particular, el régimen de Miguel Díaz-Canel y el propio Gobierno norteamericano.
Ante el nuevo escenario, qué política aplicar a la dictadura cubana —el "deshielo" obamista o las sanciones de Trump, versiones extremas de los históricos enfoques demócrata y republicano— no debería ocupar el centro del debate. Ambos modelos cuentan con logros y deficiencias. No existe modo de ejercer presiones sobre el régimen que no afecte en algo a la población cubana, y no existe modo de favorecer a la población cubana que no favorezca en algo al régimen. Por tanto, sería más provechoso evaluar el giro político desde el pragmatismo. Provocará una realidad con la que habrá que lidiar.
En ese sentido, mientras pone condiciones concretas en su cambio frente a los regímenes de Venezuela y Nicaragua —avance hacia unas elecciones libres y democráticas al primero; liberación de presos políticos y renuncia a usar la migración como arma al segundo—, EEUU no incluye ninguna exigencia puntual y explícita a un Díaz-Canel que mantiene a más de mil presos políticos en las cárceles. En este caso, se acude a un abordaje más genérico: se habla de la "crisis humanitaria sin precedentes" que sufre Cuba, y de una política que "continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento".
Dada la realidad cubana, haría bien la Casa Blanca en poner a La Habana, lo mismo que a Caracas y Managua, condiciones específicas —liberación de presos políticos, fin de la represión— que permitan avanzar en las medidas anunciadas. Esas condiciones al régimen de Díaz-Canel irían en consonancia con la claridad del mensaje prodemocrático esgrimido hasta ahora por la Administración Biden, alejado del optimismo y la ingenuidad empleados en los años de Obama. La negación del visado a 23 porristas cubanos que pretendían acudir a un evento paralelo de la venidera Cumbre de las Américas, por ejemplo, es una buena señal. Indica que hay disposición al deshielo político, pero no barra abierta.
Sobre el anuncio de las medidas, las hay positivas y las hay difíciles de implementar, por lo que merecen atención.
Entre las primeras está que la Embajada de EEUU en La Habana buscará entregar 20.000 visados a cubanos antes de fin de año, además de retomar los 100.000 expedientes pendientes acumulados desde 2017. También la posibilidad de otorgar a cubanos visados de entrada múltiple a territorio de EEUU, y la autorización de vuelos comerciales desde ese país a aeropuertos del interior de la Isla, todo lo cual facilitará procesos de reunificación familiar.
ACERCA DE LAS SEGUNDAS:
La eliminación del tope de 1.000 dólares trimestrales en concepto de remesas —si bien excluye a FINCIMEX, financiera de los militares cubanos— debería garantizar que los envíos no terminen fluyendo a través de otra vía que habilite GAESA, la todopoderosa corporación del neocastrismo.
A su vez, la asistencia financiera a emprendedores cubanos por parte de bancos estadounidenses, los pagos al sector privado dentro de Cuba y el uso de la banca virtual para esas transferencias, tendría que evitar financiar a los herederos del sistema, protagonistas de un capitalismo de Estado que segrega a los cubanos a partir de lealtades políticas e ideológicas, que se desarrolla sin control de las instituciones ni libertad económica y que se encuentra, por tanto, en el centro de la corrupción y la injusticia social. Esa asistencia debería partir, a su vez, desde el presupuesto de que, en buena lid, en Cuba no existe ningún sector privado, sino tan solo un espacio tolerado por las autoridades, limitado a los servicios y a empleos artesanales, sin garantías, seguridad jurídica ni derechos de propiedad.
Por último, los viajes profesionales y educativos ampliados a la Isla, así como las licencias de viaje que permitan a ciudadanos norteamericanos visitar Cuba, deberían quedar ligados a que el hospedaje sea en alojamientos privados o, como mínimo, en establecimientos que no pertenezcan o sean administrados por la cleptocracia militar que en los últimos meses, mientras los cubanos sufrían el peor momento de la pandemia de Covid-19, dedicó el 45% de la inversión en el país al sector turístico.
En resumen, los actores prodemocráticos cubanos debemos adaptarnos rápidamente al nuevo escenario y alentar a EEUU a que vincule las exigencias concretas de respeto a los Derechos Humanos en Cuba, que ya hace, al avance del deshielo que acaba de anunciar. Parafraseando al presidente del Partido Demócrata de Florida, la política hacia Cuba se ejecuta mejor con un bisturí que con un machete.