Rafaela Cruz, La Habana
Una vez más, el Gobierno dice que va a 'solucionar' el problema de la agricultura.
En los días previos al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Ejecutivo cubano hizo un sprint para reencausar la agricultura. Había que recomponer rápidamente el desbarajuste causado con la implementación de la Tarea Ordenamiento, pues el resultado de esta ya se estaba notando en las tarimas "demasiado" vacías de los agromercados habaneros.
Para apagar el fuego, una comisión presidida por el vicepresidente Jorge Luis Tapia recorrió las provincias escuchando las demandas de los agricultores, mientras paralelamente, el Gobierno reunía un grupo de expertos y científicos que propusieran vías para "resolver el problema de la producción de alimentos en Cuba", según palabras de Miguel Díaz-Canel.
Todo aquello culminó en un gran conclave donde el "presidente" Canel dio a conocer una serie de medidas acordadas para —suponemos que ahora sí— arreglar la agricultura cubana.
Engañosa o estúpidamente —puede ser esto último teniendo en cuenta el analfabetismo económico del "presidente"—, Díaz-Canel presentó las nuevas medidas como si fuese lo mismo resolver el disgusto causado en el campesinado con la Tarea Ordenamiento, y resolver el problema inveterado de la agricultura nacional.
Pero aunque el presidente-designado no lo sepa, son cosas totalmente distintas.
Lo que quieren los campesinos, simplemente, es volver a obtener ganancias, ganancias que se esfumaron cuando, con la Tarea Ordenamiento, el Gobierno aumentó los precios de los insumos que le vende a los campesinos para que puedan trabajar muy por encima de lo que aumentó lo que les paga a estos por sus producciones. Resolver el tema de los campesinos es tan sencillo como invertir tal situación.
Solo hay que fijarse en las decisiones anunciadas para comprender que lo que se está rectificando es solo la cuestión muy puntual del bolsillo de los agricultores: se bajan las tarifas eléctricas y de agua, así como el precio de los piensos nacionales y los bioproductos —todo ello recién subido en la Tarea Ordenamiento— y, como premio de consolación por el disgusto causado, se permitirá la comercialización de carne bovina —de manera muy limitada— al que cumpla el compromiso estatal.