Human Rights Watch cuestiona también la polémica legislación que amenaza la celebración de elecciones libres y justas en el país.
El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, lamentó "el deterioro de la democracia y los Derechos Humanos" en Nicaragua y dijo temer la "represión" que pueda derivarse de las leyes aprobadas en los últimos meses por la Asamblea Nacional, por lo que reiteró su llamamiento a un "diálogo inclusivo".
Para Borrell, leyes como las referentes a los "agentes extranjeros" y a la ciberdelincuencia, y reformas como las que plantea cadena perpetua para los "poco definidos" delitos de odio, no harán sino "endurecer las restricciones sobre los derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales" en el país centroamericano, reportó Europa Press.
"Es otro paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense y aleja al país aún más del Estado de Derecho", dijo Borrell.
El jefe de la diplomacia europea dijo también temer por las restricciones que puedan sufrir "opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil" como resultado de esta batería de medidas e instó al régimen de Daniel Ortega a respetar sus propias leyes y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
"Los ciudadanos nicaragüenses deberían poder ejercitar sus libertades de expresión y asociación de forma efectiva", dijo Borrell, quien reclamó la implantación de los acuerdos suscritos en marzo de 2019 en el llamado "diálogo" entre el Gobierno y la oposición, de tal forma que se garanticen las reformas requeridas para "garantizar unas elecciones justas y transparentes" en noviembre de 2021.
La Unión Europea "apoya un diálogo urgente inclusivo" sobre estas reformas electorales, por considerar que son "un paso esencial para restaurar la confianza", indicó el funcionario.
En este sentido, Borrell ha afirmado que el bloque está dispuesto a colaborar de forma "constructiva" para lograr "una salida pacífica y democrática a la crisis" que atraviesa Nicaragua desde las protestas de 2018, cuando perdieron la vida más de 300 personas.
La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes que la ley que inhabilitará en Nicaragua las candidaturas a cargos de elección popular a "traidores a la patria" amenaza unas elecciones libres y justas en el país centroamericano, que está inmerso en una crisis sociopolítica desde abril de 2018.
Según HRW, con esa ley el Gobierno que preside Daniel Ortega podría impedir que los opositores se postulen para un cargo en las elecciones generales prevista para el 7 de noviembre de 2021, reportó EFE.
La mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el lunes con carácter urgente la ley, que fue aceptada durante una sesión extraordinaria con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, frente a 14 que votaron en contra y cinco abstenciones.
A juicio de HRW, esa nueva ley "parece diseñada para prohibir la participación de candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales de 2021", por lo que instó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) a "condenar urgentemente esta legislación que amenaza los derechos de los nicaragüenses a postularse para cargos públicos y votar en elecciones libres y justas".
Esa ONG observó que la ley define "traidores" en términos generales y no dice nada sobre cómo se tomaría esa determinación o por quién.
"Siguiendo las órdenes de Ortega, el Congreso nicaragüense aprobó una ley que podría usarse para etiquetar a los opositores de Ortega como 'traidores' y evitar que se presenten en las próximas elecciones nacionales de 2021", alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Con esta ley en vigor, hay poca o ninguna esperanza de elecciones libres y justas en Nicaragua", agregó.
Según la ley, serán considerados "traidores a la patria" y tampoco podrán optar a cargos de elección popular, los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, y/o que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación.
También los que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones.
Además, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico.
Ortega, quien retornó al poder en enero de 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir el país de 1985 a 1990, dijo el viernes pasado que aquellos nicaragüenses que participaron en la revuelta contra su Gobierno en abril de 2018, que el Ejecutivo califica como "intento de golpe de Estado", no podrán optar a cargos de elección popular en los próximos comicios.
"Y después de 13 años consecutivos como presidente, Ortega parece decidido a permanecer en el poder incluso a costa de los derechos básicos de los nicaragüenses", opinó Vivanco.
https://diariodecuba.com/internacional/1608679363_27479.html