Entre los 222 expropiados se encuentran siete que intentaron disputar la Presidencia a Ortega y por esa razón fueron encarcelados.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua, ordenó el viernes la confiscación de los bienes de los 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a los Estados Unidos el pasado 9 de febrero.
Por medio de un escrito enviado por el secretario de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Ronald René Rocha, se le notificó a la procuradora, Wendy Carolina Morales, que cumpla con lo establecido en una resolución de esa instancia judicial y proceda a ordenar "la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua que todos los condenados tengan en los Registros Públicos de la Propiedad y Mercantil", reportó el medio nicaragüense Confidencial desde el exilio.
Además de sus bienes, la resolución del TAM también establece que "en su carácter personal o de persona jurídica, se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan".
Entre los 222 excarcelados nicaragüenses expropiados se encuentran siete que intentaron disputar la Presidencia a Daniel Ortega y por esa razón fueron encarcelados.
Entre los expropiados está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la aspirante a candidata a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar a Ortega en los comicios de noviembre de 2021.
Además de Chamorro, la lista de expropiados incluye a los otros seis dirigentes opositores que intentaron desafiar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
La lista incluye también a la legendaria exguerrillera Dora María Téllez; el excanciller Francisco Aguirre Sacasa; los exvicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, y a los exembajadores Mauricio Díaz y Edgar Parrales.
También a los dirigentes empresariales José Adán Aguerri, Michael Healy, y Álvaro Vargas; el banquero Luis Rivas; el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann; el exministro de Defensa Pedro Joaquín Chamorro, y los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Máx Jérez.
Igualmente figuran defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, dirigentes campesinos, sacerdotes, periodistas, activistas y profesionales independientes.
El 9 de febrero pasado, el régimen orteguista desterró a los presos políticos condenados con penas de ocho a 13 años de cárcel, por considerarlos de facto como "traidores a la patria".
Asimismo, los despojó de su nacionalidad, a través de una reforma exprés de la Constitución Política de Nicaragua, aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
La Sala Uno del TAM es presidida por el magistrado orteguista Octavio Rothschuh Andino, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su rol como operador de la dictadura en el Poder Judicial, recuerda Confidencial.
Esta instancia fue precisamente la que emitió la resolución de destierro en contra de los 222 presos políticos, recuerda el reporte.
"Nos han robado años de trabajo y sacrificio. Solo Dios sabe cómo personas como yo obtuvimos lo poco que teníamos, ahora vienen estos piñateros abusivos se llevan nuestro patrimonio", criticó, según EFE, el cronista deportivo excarcelado Miguel Mendoza.
La llamada "piñata" es un término que se usa en Nicaragua tras el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que consistió en la repartición de bienes y propiedades confiscadas a miembros del antiguo régimen.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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