Ignacio Rodrigo
Diario de Cuba
El Tribunal Supremo de Perú evaluará si el presidente puede o no ser investigado por la Fiscalía General, tras ser denunciado ante el Congreso por supuesta corrupción.
Noviembre promete ser otro mes de tensión política en Perú. El primer fin de semana de este mes los opositores del presidente Pedro Castillo salieron a las calles en Lima y otras ciudades, para pedir su renuncia. En pocos días habrá una decisión del Congreso sobre un eventual impeachment y se espera además la visita de una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), que buscará mediar.
Castillo, el maestro y dirigente del magisterio de extracción rural, enfrenta seis investigaciones por presunta corrupción, que involucran a familiares y a su círculo más cercano en el poder. Él niega tales acusaciones y denuncia que forman parte de un "nuevo modelo de golpe de Estado", pero el proceso ha continuado en el Congreso, a donde fue elevado por la Fiscalía el pasado 11 de octubre.
La de Castillo ha sido una presidencia corta pero agitada. Su gobierno de cinco años está pautado para que concluya en 2026, pero la mayoría de encuestas muestran el escepticismo de la mayoría de peruanos de logre completar su mandato.
La clase política tradicional, con una Keiko Fujimori moviéndose tras bambalinas, parece negada a aceptar la presidencia de Castillo. La hija del exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000) perdió las elecciones por mínima diferencia ante el antiguo educador y ha pasado a ejercer una enconada oposición, sin mostrarse ella misma en público para tal fin. Se suele decir que ella es "la mano que mece la cuna" para las destituciones presidenciales en los últimos años, como fueron los casos de Pedro Pablo Kuczynski (2018) y Martín Vizcarra (2020).
Por si fuera poco, Castillo se ha peleado con antiguos aliados de izquierda procastrista como Vladimir Cerrón, y tampoco logró confianza con la izquierda moderada de Lima. En síntesis, no lograr crear un núcleo estable de poder.
En sus primeros 16 meses como jefe de Estado acumula seis investigaciones por presunta corrupción y dos procesos que buscaron destituirle desde el Congreso. Ha tenido crisis internas en su Gabinete con registros récords de contar, por ejemplo, cuatro primeros ministros, cinco cancilleres e innumerables reacomodos en los distintos ministerios.
Las movilizaciones de calle de este sábado 5 de noviembre, que reunieron a miles de manifestantes, transcurrieron bajo las consignas de "Fuera Castillo, fuera". Los manifestantes, pertenecientes a grupos políticos y asociaciones civiles de corte conservador, portaban letreros que decían: "Castillo, corrupto" y "Vacancia ya". Similares movilizaciones se realizaron en las ciudades de Piura y Chiclayo (norte) y Cusco y Arequipa (sur).
La Fiscalía denunció formalmente el 11 de octubre a Castillo ante el Parlamento por presunta corrupción, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y a la suspensión del presidente. Es un proceso inédito en la historia democrática del Perú.
El Tribunal Supremo de Perú evaluará el próximo 16 de noviembre si el presidente peruano puede o no ser investigado por la Fiscalía General tras ser denunciado constitucionalmente ante el Congreso por supuesta corrupción. El máximo tribunal peruano analizará la apelación que presentó el mandatario en la que alega que no puede ser juzgado debido a que tiene inmunidad como jefe de Estado.
"El presidente Castillo es un pésimo gobernante que ha agravado su incompetencia por la probada corrupción de su entorno, y por las incontrovertibles acciones de encubrimiento que él mismo perpetró", comenta a DIARIO DE CUBA el reconocido periodista peruano Gustavo Gorriti.
Sin embargo, según Gorriti, en Perú se está en presencia de una acción que no busca sanear el poder —con varios poderes acusados de corrupción, incluido el Congreso—, sino básicamente desalojar a Castillo para que la Presidencia sea ocupada por fuerzas ultraconservadoras.
Gorriti coincide con el planteamiento que vienen realizando organizaciones de la sociedad civil peruana: que Castillo renuncie junto a los legisladores y que se convoquen a nuevas elecciones generales en Perú. Esta posibilidad va a ser expresada por las ONG a la delegación de alto nivel de la OEA que visitarán Lima el 20 de noviembre.
Tras una solicitud del propio Castillo a Luis Almagro, el Consejo Permanente del organismo acordó enviar la delegación para dar una "mirada neutra e independiente" a la situación.
Dicha misión la integran los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; de Belice, Eamon Courtenay; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro, y de Paraguay, Julio César Arriola.
Completan este equipo de alto nivel la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil; el viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Christian Guillermet; y el exministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Eladio Loizaga, quien oficiará como representante de la Secretaría General de la OEA.
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