Desde hace tiempo prohíbe viajar a opositores o críticos del régimen, pero ahora al parecer teme la filtración de información a Estados Unidos, según Infobae.
El gobernante Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en una jaula para altos cargos, funcionarios y sus familiares, a quienes les prohíbe salir del país por temor a que den información a Estados Unidos, según publica el sitio de noticias Infobae.

Hasta antes de noviembre, la lista negra incluía solo opositores o críticos del régimen. El patrón común era que una vez en la ventanilla de Migración, el funcionario advertía al viajero que había un problema con el pasaporte y debía hacer unas consultas. Rato después el problema se confirma, el pasaporte queda retenido y la persona debe presentarse en las oficinas de Migración central para que les regresen el pasaporte, un modus operandi que parece calcado de La Habana.

Así les sucedió a los periodistas Mauricio Madrigal, de Canal 10, y Vladimir Vásquez, del periódico digital Confidencial, y a monseñor Silvio Fonseca, Vicario de Educación y Familia de la Arquidiócesis de Managua, casos públicos. Sin embargo, las retenciones de pasaporte y prohibiciones de viajar son mayores porque muchos optan por guardar silencio a la espera de que se cumpla la promesa hecha en la ventanilla del aeropuerto. Sin embargo, el pasaporte nunca regresa, señala el medio argentino.

Este mes de noviembre la lista se habría ampliado a funcionarios y colaboradores del régimen de Ortega, y sus familiares, quienes sorprendidos han escuchado la frase que hasta hace poco era reservada para los opositores: "Usted no puede viajar".

La razón del cambio parece estar en una orden firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 16 de noviembre pasado, que prohíbe la entrada a ese país de Daniel Ortega y sus funcionarios y colaboradores por "los actos represivos y abusivos del Gobierno".

La lista de personas no gratas para Washington incluye alcaldes, legisladores, funcionarios, colaboradores y sus familiares. Pero el mismo documento establece excepciones para aquellas personas que "el Secretario de Estado determine que ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua" y también cuando "la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos".

Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, considera que "existe una paranoia de que alguien del régimen filtre algo a países del extranjero, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido".

"Se tiene el temor de que filtren información vinculada a la corrupción, a los crímenes de lesa humanidad, al narcotráfico y al lavado de dinero", añade Samcam.

Los medios de comunicación nicaragüenses han informado de al menos diez casos de funcionarios, colaboradores del régimen o sus familiares que han sido impedidos de salir del país durante este último mes.

El portal informativo Divergentes informó que Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, delegado presidencial para Fomento de las Inversiones, fue imposibilitado de viajar recientemente. Según el medio, citando fuentes anónimas del Ministerio de Gobernación, la decisión obedece a una orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo de "no permitir que ninguna persona que tenga información oficial salga del territorio".

Igualmente se conoció que el empresario Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y cercano al régimen fue regresado del aeropuerto cuando buscaba cómo salir del país.

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