SOBRE JUSTICIA Y SEPARACIÓN DE PODERES

Por Hugo J. Byrne

 

“El lenguaje consiste en palabras con significados ordinarios y comunes y esos significados se comunican a otros a través de la palabra hablada o escrita”.

                                                              Mark L. Levin (“Liberty and Tyranny”)

 

Cuando el Senador por New York Charles Schummer afirmara recientemente que la separación de poderes consistía en la existencia de dos Cámaras Legislativas y el Ejecutivo, voceros de su oficina en Washington explicaron esa pifia como un inocuo y simple error verbal. Creo que, efectivamente, hablar en esos términos constituye un error, aunque en este caso, sólo un error político.

 

Es también muy probable que el Senador Schummer dejara caer brevemente su guardia intelectual, desnudando su alma furtiva durante segundos reveladores. Este consumado demagogo, quien hiciera carrera política en el Congreso satanizando a los defensores de la segunda enmienda y atribuyéndoles complicidad intelectual en todo crimen cometido con un arma de fuego, obtuvo su senaduría nutriendo esa noción aberrante en un electorado históricamente susceptible a la nociva influencia de la izquierda política.

 

Muy probablemente el Poder Judicial debería ser una dependencia del Ejecutivo para Schummer, siempre y cuando ese Ejecutivo, como es el caso de Obama, esté ubicado decididamente en el campo “liberal”. En realidad, el presente Ejecutivo trata al Poder Judicial en ciertos casos como si éste fuera una extensión de sus prerrogativas de mando.

 

La separación de poderes entraña absoluto y mutuo respeto por diferentes atribuciones cristalinamente limitadas en la constitución. En ese contexto legal nunca podrían celebrarse juicios políticos en los Estados Unidos. La sola noción de un juicio político es completamente extraña e incompatible con un estado de derecho y una república constitucional.

 

Sin embargo, mientras escribo este trabajo se está celebrando un juicio totalmente político ante un Tribunal Federal de la Ciudad de El Paso en Texas, en el que el acusado es un antiguo operativo de la Agencia Central de Inteligencia. Luís Posada Carriles se defiende de los cargos de haber mentido a las autoridades de inmigración sobre la forma en que ingresara ilegalmente al territorio norteamericano. A Posada también lo acusa el Departamento de Justicia de mentir sobre su presunta participación en atentados con explosivos en La Habana en 1997.

 

El acusado que hoy tiene 82 años de edad desarrolló actividades bélicas contra Castro bajo los auspicios de Washington durante una época en que el gobierno norteamericano a través de sus agencias ostensiblemente saboteaba los intereses de la tiranía castrista y de acuerdo a fidedignas fuentes informativas, contemplaba el tiranicidio entre esas actividades. En esa época Estados Unidos consideraba con toda lógica que el régimen castrista era su enemigo por ser aliado y subordinado de la Unión Soviética.

 

Al presente, y por lo menos desde el derrumbe de la Unión Soviética, es evidente que los gobiernos norteamericanos (por lo menos la administración presente y la anterior), agobiados por otros problemas que consideran más imperioso resolver, han cambiado su actitud respecto a Castro y sus esbirros, aunque éstos últimos continúen conspirando de palabra y obra contra sus libertades e intereses. Hoy quienes financian la subversión castrista son los mismos que venden a Estados Unidos una parte no insignificante del 65% del petróleo que consume y que esta nación importa. Hierático ante los insultos, provocaciones y agresiones de Chávez, Washington no duda en buscar algún hueso que tirarle a ese perro en su absurdo afán por apaciguarlo.

 

En cambio, para Luis Posada, Castro continúa siendo quien realmente es: el mismo tirano y el mismo asesino en masa del pueblo de Cuba. Eso convierte al antiguo operativo de la Agencia Central de Inteligencia en posible víctima de las absurdas y notorias veleidades de la presente política exterior de Washington.

 

Quien crea que exagero debe considerar con atención los hechos siguientes: 

 

El “testigo estrella” de la Fiscalía, Gilberto Abascal, presentó una solicitud al gobierno para recibir ayuda por incapacitación física y mental en el 2004. La susodicha solicitud indicaba que Abascal había recibido tratamiento por “alucinaciones, esquizofrenia y características psicóticas” en el Jackson Memorial Hospital durante ese mismo año. Preguntado por la defensa en la Corte, Abascal admitió sufrir alucinaciones, insomnio y depresión.

 

Abascal mantuvo todo el tiempo en la corte una actitud hostil hacia el abogado de la defensa, acusándolo de tratar de sorprenderlo con trampas. Incluso lo acusó de “haberlo tenido bajo vigilancia durante seis años”. En una oportunidad Abascal le dijo al defensor “que le tenía miedo”. Abascal se encolerizó cuando la defensa lo forzara a admitir que no había hecho declaración de impuestos para el año 2005 y que continuó trabajando mientras recibía más de $600.00 cada mes como deshabilitado físico y mental y que había mentido a las autoridades en una declaración jurada.

 

No pagué mis impuestos y cometí fraude”, admitió el testigo estrella de la fiscalía en un juicio en el que el cargo contra el acusado es mentir a las autoridades. ¿Alguien parece aquí tener un cierto déficit de vergüenza?   La Fiscalía admitió que había sido Washington quien había estado vigilando al testigo, pero sin avanzar las razones que justificaran semejante acción. 

 

Sin embargo, se puede sospechar que ese silencio, junto a la actitud errática de Abascal, quien cuatro meses después de abandonar su país de origen fue interceptado por la Guardia Costera tratando de regresar al mismo con fotografías de embarcaciones pertenecientes a la Organización “Alpha 66”, sugiere a gritos otra razón oculta. 

 

¿Será Abascal un operativo de la “Dirección de Inteligencia” castrista? Existen abundantes pruebas circunstanciales de que lo es. El proceder de Abascal, quien ha obtenido mientras tanto la ciudadanía norteamericana y lo que es mucho más siniestro y tortuoso, el proceder de la Fiscalía, los someteré a un escrutinio quirúrgico la semana próxima a menos que acontecimientos abrumadores me lo impidan.

 

El proceso en El Paso ha comprobado sin lugar a dudas que los funcionarios de Inmigración que entrevistaran a Posada atendiendo su pedido de obtener ciudadanía o asilo, lo hicieron a sabiendas de que ambas peticiones serían rechazadas: el único objetivo de los federales era obtener evidencias para utilizarlas en el proceso por perjurio en su contra. Esa es una actividad ilegal que en términos judiciales del idioma inglés se conoce como “entrapment”.

 

¿Tiene todavía alguna duda el amigo lector de que estamos ante un juicio político?  

 

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