LA LEY DE LOS LIBRES

Por Hugo J. Byrne

“Solamente la virtud ciudadana es capaz de libertad. Cuando las naciones se vuelven corruptas, claman por amos”. Benjamin Franklin.

En días pasados, pues es mejor borrar de nuestra memoria la fecha infausta, cambió fundamentalmente la naturaleza del sistema político imperante en los Estados Unidos. De una república libre e independiente, establecida en el principio de la separación de tres poderes autónomos, esta nación se ha convertido en un estado tiránico, obediente a un mandamás con vocación totalitaria.

A pocas horas antes de su inauguración presidencial, este señor lleno de sí mismo, anunció que estábamos en vísperas de un cambio radical para esta nación. Nadie lo tomó en serio a excepción de unos pocos y me conté entre ellos.

Pero sería injusto achacarle a ese mandamás toda la culpa. Quienes están ungidos con la responsabilidad legislativa de mantener en vigencia la ley de los libres, tienen en ella los mecanismos adecuados para restablecer las libertades públicas. Que no los usen y ni siquiera hagan referencia a ellos, es tema de la más trágica actualidad.

La condena de la historia asistirá no sólo a quienes se burlaron de la constitución desde sus púlpitos vitalicios, ni a quienes hoy los vitorean, sino también a quienes desde el propio congreso se hacen de la vista gorda. Mr. Bohener y compañía son cómplices políticos de este ultraje a sí mismos. Ellos son los depositarios de nuestras libertades y la primera línea de defensa de las mismas.

La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la obligación y el derecho de determinar la constitucionalidad de las leyes promulgadas por el congreso. Es su única función. No es potestativo de la máxima representación del poder judicial crear leyes, alterarlas o modificarlas.

Un servidor de los lectores de esta columna no es jurista, abogado, ni experto en debates constitucionales. Sin embargo, he leído la constitución muchas veces. Quizás cientos de ellas. La belleza de nuestra constitución estriba en su brevedad y claridad. El significado de sus artículos está al alcance de todos quienes sepan leer. Ninguno de sus artículos y secciones menciona o se refiere a la milenaria institución del matrimonio, que precede a la fundación de América y a la del resto de las naciones del mundo. Los magistrados de la Corte Suprema usurpan funciones legislativas para las que nunca fueran electos.

Tengo un librito de bolsillo que contiene (en letra perfectamente legible para ojos de casi 81 años), no sólo la constitución y todas sus enmiendas, sino también la declaración de independencia, cuyo feliz aniversario celebraremos mañana. Cuando afirmo que se trata de un “librito”, hablo en serio. Sus dimensiones son 3.5” X 5” con 3/16” de grueso. No se trata de un resumen. Esos documentos son imposibles de resumir.

En el artículo III de nuestra constitución, en su sección 2 se declara textualmente: “… la Corte Suprema tiene jurisdicción de remedio, tanto en ley como de hecho, con tales Excepciones y bajo tales Regulaciones como disponga el Congreso(el énfasis por supuesto, es mío). Las acciones que puede y debe tomar el poder legislativo ante la arbitraria usurpación de su poder por la rama judicial a costa de los derechos de todos son muchísimas, variando desde la inocua censura hasta el enjuiciamiento (“empeachment”). ¿Sabe el amigo lector si se ha evocado alguna? ¿Ha preparado el Vocero John Boheher alguna resolución al respecto?

De todas las entidades de poder en Estados Unidos es precisamente el Congreso, como más cercano al pueblo por ser renovado cada dos años, el más investido democráticamente. Es precisamente ese congreso quien ha sido despojado de sus prerrogativas esenciales por cinco o seis jueces que ocupan magistraturas vitalicias. ¿En “la tierra de los libres”?

No soy sábelo todo y espero todavía aprender una o dos cosas más antes de mi mutis. Pero puedo asegurarles que la constitución de este país es el motivo de la longevidad de nuestro sistema y representa una fuente de salud indispensable a su supervivencia.

Sinceramente creo que es mucho más importante restablecer nuestras libertadas fundamentales que perder el tiempo de los lectores con análisis huecos sobre si algún candidato tuvo o no un desliz inoportuno, o continuar estériles disputas comineras que nada positivo agregan al destino de nuestros hijos. No opino sobre algo que no sea prioridad. Nunca he tenido tiempo que perder y ahora menos que nunca.

Para aquellos entre quienes lean esto y se sientan agraviados o agredidos por este acto ilegal y el despojo de sus derechos, aquí va una información práctica. Pueden adquirir la constitución junto a la declaración de independencia del CATO Institute 1000 Massachusetts Ave. N.W. Washington D.C. 20001. El número a llamar era 1-800-767-1241. Cuando yo adquirí el librito, hace más de 10 años, costaba sólo $1.00.

 

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