FUSILAMIENTO DE LOS OCHO ESTUDIANTES DE MEDICINA

(27 de noviembre 1871)

Fusilamiento de los estudiantes de Medicina. Un acto de fuerza y prepotencia del gobierno español en la Isla durante la Guerra de los Diez Años.

El 27 de noviembre de 1871 fueron muertos por fusilamiento ocho estudiantes de Medicina de la Real y Literaria Universidad de La Habana, acusados de haber profanado la tumba del periodista español Gonzalo de Castañón.

Ese acontecimiento fue una muestra de la política represiva de los sectores más recalcitrantes del integrismo español, agrupados en el Cuerpo de Voluntarios españoles de La Habana, en momentos en que avanzaba el movimiento independentista iniciado el Diez de octubre de 1868.

Cuatro días antes del fusilamiento, un grupo de estudiantes se encaminaba a la clase de Anatomía, en una sala contigua al Cementerio general de Espada. Al pasar por un solar yermo próximo al lugar, como en juego, los jóvenes comenzaron a lanzarse guijarros unos a otros, y fueron amonestados por el capellán del cementerio.

Luego, y por estar ausente el profesor del anfiteatro de anatomía al que se habían encaminado, el grupo de alumnos comenzó a jugar con el carro destinado a transportar los cadáveres a la sala de disección. Sus nombres eran Ángel Laborde, Anacleto Bermúdez, José de Marcos Medina y Juan Pascual Rodríguez. El más joven, Alonso Álvarez de la Campa, arrancó una flor del jardín.

Conocidos los hechos por el gobernador político Dionisio López Roberts, este se personó a primera hora de la mañana del 25 de noviembre en el Cementerio de Espada, con el objetivo de realizar pesquisas sobre el particular. El celador, Vicente Coba, culpó a los estudiantes de haber rallado el cristal que cubría el nicho en que reposaban los restos de Gonzalo de Castañón, propietario y director del diario integrista La Voz de Cuba.

Tras fracasar en el intento de detener a los estudiantes del segundo año de Medicina, el gobernador se presentó, en la sesión de la tarde, en la clase de Anatomía de primer curso, y detuvo a todos los estudiantes, excepto tres que estaban ausentes.

Cuarenta y cinco alumnos fueron enjuiciados bajo los gritos de ¡Viva España! y ¡Mueran los traidores! que proferían los miembros del Cuerpo de Voluntarios.

Los estudiantes presos fueron juzgados por un consejo de guerra compuesto por capitanes del ejército. El defensor encargado del caso fue el capitán Federico Capdevila y Miñano, quien condenó enérgicamente la decisión del tribunal de juzgar a "inocentes niños" sin haber presentado contra ellos prueba alguna. Al decir de Capdevila, el no obrar con justicia constituiría "un borrón" para la nación española.

Inconforme con el fallo del tribunal -que no dictaba sentencias de muerte-, el Cuerpo de Voluntarios exigió del capitán general interino el nombramiento de un nuevo consejo de guerra. El general Blas Villate y de la Hera, conde de Valmaseda, máxima autoridad de la Isla, cedió a sus exigencias. El nuevo tribunal seleccionado garantizaría una sentencia de muerte.

Después de fijar, arbitrariamente, la cifra de ocho condenados a muerte, se seleccionó a los cuatro jóvenes que habían jugado en la plazoleta, y al que había tomado la flor del jardín. Fueron escogidos al azar los tres restantes, y, entre ellos, un estudiante de diecisiete años de edad, natural de Matanzas, que no se hallaba en La Habana en el día de los supuestos acontecimientos.

El fusilamiento de los ocho estudiantes condenados a muerte se llevó a cabo al atardecer en terrenos del Castillo de San Salvador de La Punta. Los cadáveres fueron después conducidos a un cementerio rústico, donde se les enterró en una fosa común, sin que se permitiera colocar una cruz ni señal alguna que indicara el lugar de su sepultura.

Años después, el propio hijo de Gonzalo de Castañón daría testimonio de que en la tumba de su padre no se advertían señales de violencia, ni en el cristal ni en la lápida que cubría el nicho. El fallo del tribunal y el fusilamiento no habían sido más que actos de soberbia y demostraciones de fuerza en el contexto de la revolución conocida como Guerra de los Diez Años, que no había podido ser sofocada y cobraba fuerza entonces en el centro y el oriente de la Isla.

El crimen tuvo gran resonancia, y su primer aniversario fue conmemorado en Madrid, donde el 27 de noviembre de 1872 se puso en circulación un volante en el cual era denunciado.

En 1887, por iniciativa de Fermín Valdés Domínguez, que había sido uno de los estudiantes acusados y condenados a presidio, fueron exhumados los restos de los ochos jóvenes, y colocados en una caja de plomo, soldada por seis lados, en presencia de un notario. Provisionalmente, la caja se depositó en el panteón de la familia Álvarez de la Campa -a la que pertenecía el más joven de los fusilados-, mientras se procedía a la construcción de un mausoleo en la necrópolis Cristóbal Colón, donde habrían de reposar los restos de manera definitiva.

Gracias a la previsión de Valdés Domínguez se conservó, en áreas del castillo de San Salvador de la Punta, uno de los cuatro lienzos centrales de la pared del Barracón de Ingenieros, donde habían sido fusilados los estudiantes. El trozo de muro se rodeó de una verja de hierro. Desde que se instauró la república, el 20 de mayo de 1902, el lugar, denominado Parque de los Estudiantes, se convirtió en sitio de peregrinación en la fecha del 27 de noviembre, en tradición que aún pervive.

 

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