¿DESHONESTIDAD O INCOMPETENCIA?

Por Hugo J. Byrne

nada, no,

Yo llegué ahora aquí,

Y si algo pasó,

Yo no estaba allí.”

“Que si lo escondieron,

Que si alguien lo vió,

Que si lo cogieron,

Que si qué sé yo”

(vieja guaracha cubana)

Imagínese el lector a un funcionario de una compañía privada que viole la ley a expensas de la compañía. Imagínese que esa falta costosa de repente se haga pública. Imagínese que los accionistas enterados de la falta demanden una explicación. ¿Qué piensa que haría la firma? Despedir al funcionario sería el imperioso primer paso.

Entonces, dependiendo de las circunstancias, el sospechoso (o sospechosos) podría ser entregado a las autoridades y formalmente acusado por el departamento legal. Aunque la firma podría abrogarse el derecho a restitución en lugar de castigo. El ejecutivo no tendría alternativa a proceder de una u otra forma, pues de lo contrario los accionistas concluirían, con irrebatible lógica, que ese presidente, la junta de directores o ambos, son cómplices en el delito.

Un servidor de los lectores recuerda una situación muy similar en Norwalk California, durante los años ochenta. En ese caso el sospechoso no fue entregado a las autoridades. Mediante mutuo acuerdo fue despedido de su empleo, obligado a notarizar su renuncia al retiro y a su participación en el plan de ganancias. La suma de esos beneficios superaba considerablemente al monto del robo. Este fue un caso en que el crimen literalmente “no pagó”.

¿Qué es en teoría el estado sino una empresa en la que los accionistas somos los contribuyentes al fisco? Aunque debemos tener en cuenta que casi el 47% de los norteamericanos no pagan impuestos por ingreso, lo que no les impide recibir “reembolso gratuito” de nuestras contribuciones para “estimular la economía”. La presente administración defiende ese proceder por razones políticas, pues considera esa parte menos productiva de la sociedad como su más leal “constituency”. Considerando los resultados de las elecciones presidenciales del 2012 es lógico que se sientan así. Puede que algunos de ellos hayan leído a Maquiavelo.

En la empresa que llamamos estado está sucediendo ahora algo semejante, aunque no igual. Las investigaciones congresionales presentes son muy parecidas a las auditorías privadas, sólo que tienen que ser públicas para beneficio colectivo.

Teniendo todo eso como trasfondo, consideremos lo que está pasando con el “Internal Revenue Service” y el resto de las entidades que son supervisadas legalmente por el Departamento de Justicia que dirige el Presidente a través de “su” Fiscal General, Eric Holder. Esta mañana la directora del Departamento del Tesoro que estaba a cargo de fiscalizar las instituciones que reclamaban exención en las tasas federales, apeló a su derecho a declinar respuestas para no autoincriminarse. Esta funcionaria de la rama ejecutiva había sido ordenada a comparecer ante el Comité Congresional que preside el Representante Darrell Isa para investigar los múltiples escándalos externos y domésticos en la presente administración. Esta señora, llamada Lois Lerner, tuvo la dureza de cara necesaria para afirmar que no había violado la ley, pero que se negaba a contestar las preguntas del Comité. Que yo sepa esta señora no ha sido despedida todavía.

¿Cuáles son las implicaciones de esta movida? La primera e inescapable es que la susodicha dama sospecha o sabe de la comisión de un delito: la palabra incriminar o, en este caso, autoincriminar, implica o se refiere a un crimen. En esto no caben dudas. Acogerse a la quinta enmienda en el terreno práctico quiere decir que sus respuestas, para no ser perjuras, podrían implicar una violación premeditada de la ley. Violación suya o de algún otro a quien desea proteger.

A pesar de las dramáticas evidencias circunstanciales de los encubrimientos a “Fast and Furious” y del abandono al consulado en Benghazi, con la muerte del embajador y otros tres ciudadanos norteamericanos en un ataque terrorista premeditado, la ausencia de cobertura de prensa ha impedido hasta hoy la mobilización de la opinión pública. Ahora parece que el escándalo del “Internal Revenue Service” ha logrado finalmente crispar el pelo en cabezas calvas entre una buena parte de esa prensa. Especialmente entre el cuerpo de reporteros de la Casa Blanca: a nadie le gusta que le pongan rabo.

Especialmente peligroso para la administración es el caso de James Rosen, Jefe del “network” de Fox News en Washington DC y periodista brillante. Todo supuestamente empezó cuando un agente federal llamado Reginald Reyes identificara a Rosen como “participante de una conspiración contra la seguridad nacional”, complot que se centra en un coreanoamericano de nombre Jin-Woo Kim, antiguo experto en armas para el Departamento de Estado.

El reporte de Reyes acusa a Rose de “explotar la vanidad y el ego de Kim para obtener información clasificada para su difusión”. ¿El gran secreto? Un reporte del año 2007 indicando que el régimen de Corea del Norte planeba responder a las sanciones de la O.N.U. con una prueba nuclear. ¿Tendrán un adarme de vergüenza Obama, Holder y compañía?

Por supuesto, Rosen nunca fue acusado oficialmente de nada, pues obtener información es no sólo su profesión como reportero, sino su derecho consagrado en la primera enmienda de la constitución. Quienes sí violaron la ley fueron Obama, Holder y comparsa interviniendo furtivamente sus documentos personales, llamadas telefónicas tanto de él como de sus padres y su “E-mail” ¿Caracas o La Habana? No amigo lector, The Land of the Free!

Tanto el Presidente Obama como todos los funcionarios de su administración profesan gran ignorancia. Su frase preferida es “Yo no sé”. ¿Debemos llamarlos líderes? ¿Se trata de ignorancia o deshonestidad? Tiene que ser una o la otra.

 

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