OBAMACARE Y EL APOCALIPSIS DE OBAMA 

Por Alfredo M. Cepero

Director de www.lanuevanacion.com

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El jueves 28 de junio explotó una bomba en la ciudad de Washington con la capacidad destructiva de 100 megatones, una potencia veinte veces mayor de la que redujo a cenizas a la ciudad japonesa de Nagasaki en 1945. Muy pocos japoneses habrían vislumbrado este desenlace truculento cuando cuatro años antes habían destruido gran parte de la Flota Americana del Pacífico con su ataque artero a Pearl Harbor. Hace solo unos días se produjo en Washington un acontecimiento que podría terminar de la misma forma. En una decisión inexplicable, el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, unió su voto al de los cuatro magistrados que tradicionalmente se inclinan a la izquierda para votar a favor de la constitucionalidad del plan de salud del Presidente Obama. ¿Por qué la bomba? Porque Roberts es un conservador constitucional que fue nombrado para el cargo en septiembre del 2005 por el Presidente George W. Bush.

Además, para justificar su voto declarando la constitucionalidad de la ley, Roberts tuvo que calificar el repudiado mandato individual como un impuesto  y no como una penalidad amparada por la cláusula de comercio interestatal según había sido presentado por sus promotores demócratas ante el Congreso. Estos argumentos no formaban parte de la ley original ni fueron esgrimidos por los abogados que defendieron su constitucionalidad durante las vistas ante el Tribunal Supremo. De hecho, Roberts rescribió la ley y legisló desde su escaño de magistrado, algo específicamente prohibido por la constitución.

Los expertos en asuntos jurídicos en los Estados Unidos califican esa conducta como "activismo judicial". En términos simples, y para no complicar un tema que es en sí mismo complicado, el "activismo judicial" es la usurpación de las funciones legislativas que corresponden únicamente al Poder Legislativo por parte de jueces y magistrados que se extralimitan en sus funciones. Los redactores de la Constitución Norteamericana como Madison, Jefferson y Adams crearon los tres poderes del gobierno--Ejecutivo, Legislativo y Judicial--con funciones especificas, delimitadas y totalmente independientes unos de los otros. El objetivo: limitar las atribuciones de cada uno de los tres poderes para proteger a los ciudadanos frente al gigantesco poderío del gobierno o de cualquiera de sus miembros que pretenda utilizarlo para beneficio personal.

Como el erudito que ha demostrado ser durante toda su carrera, John Roberts, no solo está al tanto de las intenciones de los redactores originales sino comparte su misma filosofía jurídica. Entonces, ¿por qué este malabarismo judicial de un magistrado a quien casi todo el mundo considera un hombre de integridad y de carácter? Mi colega en La Nueva Nación, Charles Krauthammer, argumenta que lo hizo para evitar que se achacaran prejuicios ideológicos a los magistrados que declararan la inconstitucionalidad de la ley y para preservar la credibilidad del Tribunal Supremo.

Con todo respeto y, a pesar de mi admiración por Charles, discrepo totalmente de su explicación. Estoy convencido de que Roberts fue intimidado por las diatribas de la prensa de izquierda y las amenazas emitidas por el propio Obama cuando, una semana antes de la votación en el Supremo, dijo que dudaba que el tribunal "se atreviera a declarar la inconstitucionalidad de una ley aprobada por ambas cámaras del congreso y sancionada por el presidente". ¿Cómo iba a ser posible que nueve simples mortales miembros del Supremo tuvieran el atrevimiento de negar la verdad revelada por el Mesías que habita la Casa Blanca?

Roberts tembló ante la amenaza, optó por el acatamiento, siguió la vía política y abdicó de su función constitucional de preservar el mandato de un documento que juró defender y por el cual se han derramado sangre, sudor, capital y lágrimas en el curso de 236 años de república. Roberts defraudó a sus admiradores y, lo peor, traicionó sus propios principios en una decisión que probablemente lamentará por el resto de sus días. En honor a la brevedad dejo aquí los argumentos jurídicos y paso a considerar las implicaciones y consecuencias políticas futuras de este fallo del Tribunal Supremo.

Esta victoria legal puede traer consigo un alto costo político para Obama y los candidatos demócratas a la Cámara y al Senado en las elecciones del mes de noviembre. Los militantes demócratas están felices con la decisión y es probable que el estado de euforia les haga perder parte de la intensidad que necesitaran para reelegir a un presidente con una desastrosa trayectoria como mandatario. Por otra parte, los republicanos se sienten defraudados y adquieren conciencia de que, si quieren salvar al país del desastre de un ideólogo sin el freno de futuras consultas electorales, tienen que ganar la batalla final de las elecciones generales. No hay mejor motivador que sentir la espalda contra la pared y los opositores a este plan de salud saben que, para derogar a Obamacare, tendrán que derogar al mismo Obama.

Esos son sentimientos de supervivencia por parte de los republicanos mucho más intensos que los de complacencia que experimentan los demócratas con su triunfo judicial. El resultado: una asistencia masiva a las urnas de quienes se oponen a Obamacare. Para complicar las cosas a los demócratas, desde que las 2,700 páginas de Obamacare fueran aprobadas en medio de la noche, sin haber sido leídas por quienes votaron a su favor y sin un solo voto republicano las encuestas de opinión muestran un rechazo del 55 por ciento por parte de la ciudadanía. Con un margen similar de la votación en noviembre Romney ganaría la Casa Blanca y Obama regresaría a la compañía reconfortante de sus entrañables amigos de Chicago. Prueba de lo que decimos, el mismo 28 de junio en que fue emitido el fallo del Supremo, la campaña de Romney recibió donaciones en el monto de 5 millones de dólares en un solo día.

La campaña de Romney tiene, sin embargo, que destacar tanto los elementos negativos de Obamacare como enumerar los detalles de una amplia solución al anacrónico e ineficaz sistema de servicios de salud en este país. En lo negativo, una vez implementado en su totalidad, Obamacare representará un aumento de UN MILLON DE MILLONES de dólares en impuestos--una violación flagrante de la afirmación de Obama al periodista George Spephanoupolus de que no aumentaría impuestos a la clase media--que para las personas en Medicare representara un aumento de las primas comenzando en el 2012 hasta llegar a $247.00 mensuales por cada retirado en el 2014. Acentuar, asimismo, que Obamacare contribuirá a aumentar la tasa de desempleo en un momento crítico para la economía norteamericana. Ante la incertidumbre de los costos asociados con Obamacare, medianos y pequeños negocios pospondrán o descartaran por completo sus planes de aumentar las plantillas de empleados.

Pero Romney no ganará las elecciones destacando únicamente lo negativo. Tiene que ofrecer soluciones que justifiquen el cambio de un mandatario adorado por una prensa de izquierda y que cuenta con el voto casi incondicional de las minorías negras e hispanas. Siempre he dicho que Obama está herido pero no vencido. Para vencerlo, Romney tendrá incluso que adoptar como suyos algunos de los beneficios contenidos actualmente en Obamacare y en los que Obama hará hincapié en los próximos meses. Entre ellos, la aceptación por las compañías de seguros de personas con condiciones preexistentes y la posibilidad de que los jóvenes permanezcan hasta los 26 años de edad en los planes familiares de sus padres.

Otros elementos de importancia en un eficiente plan de salud serían: aumentar la competencia en el mercado de seguros permitiendo a los consumidores comprar seguros mas allá de su estado de residencia, crear cuentas de seguros de salud donde el consumidor reciba créditos impositivos para el pago de las primas y reformar el obsoleto sistema de demandas por errores en el ejercicio de la medicina que castigan tanto al médico como a sus pacientes elevando los costos en forma exorbitante.

Y lo mejor de todo esto es que, a diferencia de los gravámenes y aumentos de impuestos que trae consigo el Obamacare, los beneficios que acabamos de enumerar no le costarían un solo centavo al contribuyente. Cada consumidor pagaría los costos del programa que seleccione sin ser obligado por el gobierno a pagar la protección de quienes aspiran a que otros les resuelvan el problema.

La suerte está echada y las cartas están sobre la mesa. En forma irónica y quizás sin proponérselo, John Roberts le ha hecho un gran regalo a Mitt Romney. Le ha dado un argumento tangible con el cual atacar a Obama y su agenda socializante   de incrementar el tamaño del gobierno y repartir la riqueza ajena.

La campaña de Romney tiene ahora cuatro caballos de batalla para enfrentar y derrotar a Obama: la economía, el desempleo, el déficit presupuestario y el plan de salud de Obamacare. Sus asesores no se deben dejar distraer por los temas tangenciales de la inmigración, de la guerra contra la mujer o de los antecedentes empresariales de Mitt Romney. El fracaso de estos cuatro años tiene como único responsable al actual residente de la Casa Blanca. Y, si son utilizados con habilidad, los cuatro temas centrales que hemos apuntado podrían muy bien convertirse en los cuatro caballos del Apocalipsis de Obama.

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