LA AGONÍA DE LA LIBERTAD

Por Hugo J. Byrne

 

Hasta que el agente del “U.S. Border Patrol” Brian Terry fuera alevosamente asesinado utilizando un rifle comprado subrepticiamente en Estados Unidos por comisión de autoridades federales, nadie en Norteamérica sabía de la operación “Fast and Furious” (“Rápida y furiosa”). Esa operación originada en los más altos niveles del Departamento de Justicia, tenía supuestamente el objetivo de identificar y localizar a notorios miembros de las pandillas de la droga operando en territorio mexicano y en la frontera de México con este país. Si el amigo lector considera eso como una acción absurda y descabellada, es porque lo es.

 

En honor a la verdad, el procedimiento de comprar armas de fuego utilizando el dinero de nuestras contribuciones e infiltrarlas subrepticiamente en territorio de México, no era nuevo. Una operación similar se hizo en escala menor durante la administración anterior. Sin embargo, la diferencia fundamental entre ambos operativos y lo que caracteriza a “Fast and Furious” como una verdadera conspiración, es el hecho de que se hizo sin la autorización, o tan siquiera el conocimiento del gobierno mexicano.

 

Los detalles increíbles de semejante operativo han llegado al público de forma laboriosa y lenta. Casi toda la prensa escrita en Estados Unidos con las honrosas excepciones de unos pocos periódicos como Wall Street Journal y Washington Times, no publican información que pueda resultar negativa a los intereses políticos de la presente administración. Cuando resulta imposible soslayar ciertas noticias, éstas son reducidas o relegadas a las páginas interiores. 

 

Otro tanto puede decirse de la prensa televisada, incluídas las tres cadenas nacionales NBC, CBS, ABC y sus afiliados. Eso explica el uso cada vez mayor de la red cibernética como medio informativo.

 

Si el operativo “Fast and Furious” resulta inaceptable, es mucho peor la evidente y sistemática ocultación de sus detalles por el Departamento de Justicia y la obvia resistencia de aceptar responsabilidades por parte de los personeros de esa dependencia del poder ejecutivo.   Entre ellos, muy especialmente, el Fiscal General Eric Holder, quien demuestra de nuevo carecer totalmente de integridad y vergüenza. La correspondencia electrónica sobre “Fast and Furious” dirigida a él, es muy copiosa.   Holder afirma que su oficina puede haber recibido los mensajes, pero que estos fueron leídos y procesados por oficiales subalternos. Mientras tanto Holder utiliza subterfugios legales para mantener una extensa documentación fuera del alcance del subcomité de la Cámara de Representantes que investiga el caso.

 

La diseminación oculta de armas de fuego norteamericanas entre el hampa de la droga de México por el gobierno federal de Estados Unidos, tiene en la opinión de un servidor otro propósito, en nada relacionado con la identificación y posible captura de quienes las usen. Por el contrario, ese objetivo intenta substanciar la agenda política del Presidente Obama y de su furtivo entorno.

 

Fue el mismo Departamento de Justicia de Obama quien hizo la mendaz declaración de que el 90% de las armas utilizadas por los carteles mexicanos de la droga provenían de las ventas privadas de “gun shows” en territorio norteamericano.   Especie que fuera inmediatamente refutada con estadísticas del FBI (organismo irónicamente dependiente del Departamento de Justicia) por los ejecutivos del “National Rifle Association” y otras agrupaciones que defienden los derechos constitucionales de los ciudadanos de este país.

 

Socavar esos derechos fundamentales era en mi criterio el propósito ulterior de “Fast and Furious”. Para nuestra suerte esta insana conspiración ha frasado, pero los responsables de la temprana e injusta muerte del agente Brian Terry continúan ejercitando el mismo poder corrupto que indirectamente la causara.

 

El gobierno de derecho por el que tanta sangre y lágrimas se ha derramado en esta tierra de libres está en peligro mortal. Nuestras libertades fundamentales están siendo socavadas diariamente por quienes juraron defenderlas. Nos prometieron transformar fundamentalmente esta nación y lo están cumpliendo al pie de la letra. Pero la naturaleza de la transformación es a contrapelo de la libertad y dignidad en los que se asienta la república.

 

Si esta administración logra extender su perversa influencia por otros cuatro años, el daño a las instituciones nacionales puede que sea irreversible. Los derechos fundamentales de los norteamericanos se convertirían en un melancólico recuerdo. El poder político real se concentraría totalmente en el Ejecutivo, con una Corte Suprema genuflexa y dependiente de él y un Congreso inoperante y tan efectivo cómo “La Asamblea del poder popular” de Castro: la agonía de la libertad.

 

 

 

 

 

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